Lo que no se ha hecho en Sevilla

El Consejo Europeo de Sevilla se ha celebrado casi tres años después de que otra cumbre de jefes de Estado y de Gobierno decidiera, en Tampere, cómo sería la política común de inmigración prevista por el Tratado de Amsterdam. Las conclusiones de Tampere sobre la puesta en marcha de esta política integral de inmigración tenían una lógica y un orden: criterios comunes para la reagrupación familiar; un marco común europeo de derechos y deberes de los ciudadanos de terceros países que facilitase su integración; una normativa común para la entrada legal de inmigrantes; gestión común de los flujos migratorios con los países de origen de la inmigración, introduciendo la idea de codesarrollo; lucha contra el tráfico de personas, y lucha contra la inmigración ilegal.

En estos tres años, la Comisión Europea ha presentado propuestas legislativas e iniciativas políticas para la puesta en marcha de todos y cada uno de estos elementos de la política europea de inmigración. Los Estados miembros no han sido capaces de adoptar ninguna de estas propuestas. No sólo esto. La mayoría de los gobiernos (especialmente los nuevos gobiernos de la derecha) han puesto o están poniendo en marcha políticas nacionales de inmigración, claramente divergentes de los objetivos de Tampere, aunque alguno, como el Gobierno español, diga que lo hace para cumplir con los criterios europeos.

La presidencia española, consciente de que éste era un terreno difícil de transitar, no lo incluyó entre sus prioridades. Lo incorporó ante la cumbre de Sevilla en los términos que le parecieron más acordes con el momento. Abandonó la visión global de la gestión de flujos migratorios a cambio de propuestas de corto alcance centradas en la lucha contra la inmigración ilegal, aunque, al final, el Consejo tuvo que reconocer la necesidad de adoptar las propuestas previstas desde Tampere, lo que a estas alturas es más bien una triste declaración de impotencia que un paso adelante.

En las conclusiones de la presidencia no hay nada especialmente nuevo, pero se ha invertido la lógica del proceso de un modo peligroso. Se pide al Consejo de Justicia e Interior, órgano competente para hacerlo, que apruebe las propuestas en curso sobre reagrupación familiar y el estatuto de residentes de larga duración, instrumento de integración pensado para incorporar a los inmigrantes a la ciudadanía europea. No se va más allá en los objetivos de integración y estos objetivos figuran ahora en último lugar.

Antes se aborda la relación con los países de origen de la inmigración. La presidencia se vio obligada a dar marcha atrás en su anunciado castigo a los países que no hagan lo que se espera de ellos. Aunque se pone el énfasis en las medidas de control de fronteras y los acuerdos de readmisión, éstas se desvinculan claramente de ellos, los objetivos de cooperación al desarrollo, y se recupera la idea de una política de cogestión de flujos migratorios en el sentido de las conclusiones de Tampere. A todo esto, proyectos concretos ya definidos, como el plan de acción de la UE con Marruecos, no han avanzado durante estos meses. En cambio, las amenazas de la presidencia española, hoy retiradas, han hecho la herida entre nuestros dos países si cabe más profunda.

La lucha contra la inmigración ilegal pasa a ser la primera prioridad de la política europea de inmigración y no la consecuencia lógica de una política coherente de inmigración que debe defenderse. Aparte de medidas elementales de cooperación en la gestión de fronteras exteriores, más bien de tipo burocrático, se abordan tres cuestiones. La repatriación, la gestión coordinada e integrada de las fronteras exteriores, y la lucha contra el tráfico de personas. Sobre la primera cabría preguntarse por qué los Estados miembros, teniendo competencias plenas y siendo éste un terreno en el que la cooperación a escala europea no aporta gran cosa, no están ejerciendo sus responsabilidades. Habría que ver también si piensan estudiar en serio medidas incluidas en el Libro Verde de la Comisión como la repatriación voluntaria asistida, o si el salto a la escala europea está sólo marcado por la petición de un 'informe sobre la eficacia de los recursos financieros disponibles a escala comunitaria para la repatriación de inmigrantes y solicitantes de asilo'. Sobre la gestión de fronteras exteriores, nos hemos quedado sin saber si el Consejo está a favor o no de la creación de la policía europea de fronteras propuesta por la Comisión para fortalecer el espacio de libre circulación interior, ayudar a los países de la ampliación a cumplir sus obligaciones y a gestionar la entrada de inmigrantes. La referencia al tráfico de personas y a las sanciones a la ayuda a la entrada y estancia irregular en la declaración de Sevilla es otra declaración de impotencia. La directiva contra la trata de seres humanos, en discusión hace meses, no está aprobada. Se adoptaron en cambio medidas contra la entrada y la estancia irregular, que no distinguen entre actividad lucrativa y ayuda movida por la compasión que no han tenido ninguna consecuencia práctica. Son un ejemplo de lo que sucede desde Tampere: las propuestas de la Comisión para desarrollar una política global y coherente de inmigración se dejan de lado, y se adoptan en cambio pedazos de legislación sobre lo que algún ministro o presidencia de turno considera en un momento dado su tema estrella, con efectos normalmente nulos. Esto es posible porque el Tratado de Amsterdam da a los Estados miembros capacidad de iniciativa legislativa junto con la Comisión en materias de justicia e interior. La Convención debe resolver esto en favor del ya probado método comunitario.

Pero lo más importante es lo que no se ha hecho en Sevilla. Ha dejado de hablarse de las normas comunes para la inmigración por razones económicas. No es que esta cuestión haya sido relegada, es que no figura entre los objetivos. Saltarse este eslabón de la política de inmigración europea es grave: en un mercado único, en un espacio sin fronteras interiores, la inexistencia de una política proactiva y global de inmigración, que establezca canales de entrada legal adaptados a las necesidades de un mercado de trabajo y una sociedad del siglo veintiuno, lleva necesariamente a debilitar las demás medidas adoptadas. La combinación de declaraciones fuertes sobre el control de fronteras con políticas débiles de gestión de los flujos migratorios nos llevará a incrementar la inmigración ilegal. El efecto llamada está en la oferta de empleo, aunque éste sea irregular.

La presidencia española ha abordado el tema de la inmigración tarde y mal. Constatada la imposibilidad de plasmar en propuestas concretas las declaraciones altisonantes, ha tenido que volver al proceso previsto en Tampere para desarrollar la política europea de inmigración. Pero se nota que ha sido sin ganas, dejándose cosas por el camino y alterando la lógica de los acuerdos allí tomados. Habrá que seguir trabajando por una verdadera política europea de inmigración global y equilibrada.

Anna Terrón i Cusí es eurodiputada socialista.