Subsisten las dificultades de los científicos españoles para promover empresas

Las empresas de base tecnológica surgidas de los entornos académicos continúan siendo una rara avis en España. Dificultades legales y económicas limitan la transformación de los conocimientos adquiridos en universidades y organismos públicos de investigación en aplicaciones alrededor de las cuales pueda constituirse una empresa. Los investigadores echan en falta instrumentos financieros eficaces y facilidades como las que existen en otros países para abandonar temporalmente sus tareas en el sistema público. Algunas medidas recientes tienden a facilitar el salto pero son consideradas todavía insuficientes.

'Los investigadores tenemos el conocimiento y la inquietud para transformarlo en una empresa, pero no los instrumentos'. Enrique Pérez Payá, de la Universidad de Valencia, junto a otros cinco colegas, decidió hace poco más de tres años iniciarse en la aventura empresarial. Había regresado de Estados Unidos, un lugar en el que, describe, 'se dan todas las facilidades' para que una idea surgida en un laboratorio pueda transformarse en negocio. El panorama que se encontró en España, sin embargo, es 'radicalmente diferente'.

Iniciativas públicas recientes apoyan la creación de empresas de base tecnológica

La nueva figura de la licencia para irse a una empresa no se aplica a la Universidad

Las diferencias estriban, sobre todo, en los instrumentos legales y financieros que el Estado pone a disposición de los investigadores para generar las llamadas spin off, compañías surgidas al amparo de una institución, sea pública o privada, para tratar de explotar un conocimiento o una tecnología. En el caso de que se trate de una empresa privada, la recién nacida spin off podrá contar con el paraguas protector de su madre empresarial. Pero si surge en una Universidad o en un centro de investigación, la iniciativa corre el riesgo de quedarse a medio camino. Es en este último punto donde España, junto a buena parte de Europa, acumula mayor retraso respecto a los principales motores de la innovación: Estados Unidos y Japón.

'La explotación comercial de la tecnología avanzada es vital para el crecimiento económico y la creación de nuevas oportunidades de trabajo', reza un informe reciente de la Unión Europea. El documento, en el que se admite el 'claro retraso' europeo, detalla las líneas de acción para reducir distancias con Estados Unidos y Japón que, en esencia, pasan por la 'investigación, el desarrollo, la transferencia de tecnología y la gestión de la propiedad intelectual y de las patentes'. En paralelo, anuncia medidas para la 'estimulación de inversiones en las primeras fases de empresas de alta tecnología con potencial de rápido crecimiento'. Si el panorama en Europa no es alentador, menos lo es en España. 'El sistema español está anquilosado', lamenta Antonio Ferrer Montiel, de la Universidad Miguel Hernández de Elche. 'El camino es muy tortuoso y debes enfrentarte no sólo a las dificultades económicas y a las trabas burocráticas sino también a la incomprensión de tus compañeros de laboratorio'.

Dentro del sistema público, señalan fuentes del Ministerio de Ciencia y Tecnología, los investigadores con inquietudes empresariales pueden acudir a la Iniciativa Neotec, un programa nuevo cuyo objetivo es facilitar la creación de 100 empresas de base tecnológica en tres años. Hasta la fecha, en la sede de Neotec, gestionada por el CDTI (Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial) se han recibido más de 70 solicitudes de subvención, de las que se han aprobado 12. La mayor parte pertenecen al ámbito de las telecomunicaciones o las tecnologías de la información. Otros ámbitos, como la biotecnología, uno de los referentes en el futuro Programa Marco de Investigación europeo, continúan siendo una excepción.

Tampoco a nivel autonómico abundan las iniciativas de soporte a la creación de nuevas empresas. Una excepción es, en estos momentos, Cataluña, que dispone desde hace un año de un programa específico de trampolines tecnológicos para los que se han dispuesto distintas líneas de financiación desde el CIDEM (Centro de Información y Desarrollo Empresarial). Entre otras, una línea de capital 'semilla' para las primeras etapas de la empresa (inexistente en la oferta de Neotec), fondos de capital riesgo públicos (similares a los de Neotec) y mixtos (público-privado) para la capitalización de la empresa, además de facilidades para acceder a empresas privadas de capital riesgo. En cuatro años pretende generar 100 empresas de este tipo.

Dado que la oferta pública es limitada, incluso si se tienen en cuenta los viveros e incubadoras de empresas, los científicos-empresarios españoles han tenido que rascarse literalmente el bolsillo para lanzar sus iniciativas. Este fue el caso, hace tres años, de la compañía Diver Drug, especializada en el descubrimiento de fármacos y formada, además de por Pérez Payá y Ferrer, por Angel Messeguer, del Instituto de Investigaciones Químicas y Ambientales de Barcelona (CSIC); Manuel Rico, del Instituto Rocasolano (CSIC); Luis Serrano, recién incorporado al CNIO; y Fernando Albericio (Universidad de Barcelona).

El conocimiento adquirido en su trayectoria académica se ha traducido en empresa biotecnológica gracias sobre todo a la inversión personal. Fines de semana y alguna que otra noche en blanco forman parte de su capital social, además de préstamos bancarios no siempre obtenidos en las mejores condiciones. Ahí radica, precisamente, el segundo y grave problema: apenas hay acceso en España a capital riesgo. 'No hay nadie en un banco que entienda de biotecnología', cuenta Pérez Payá. Tampoco parece haberlo en las sociedades de capital riesgo. 'Nuestra apuesta es por el conocimiento y no por la prestación de servicios', insiste Ferrer. 'El capital en España sólo acude a puntos donde el riesgo para el retorno de la inversión es mínimo', puntualiza Messeguer.

Desde Ciencia y Tecnología se dio luz verde el pasado 28 de junio a una línea de apoyo a la capitalización de empresas de base tecnológica. La línea, que prevé la concesión de créditos por parte de entidades de capital riesgo a 'interés cero, sin necesidad de avales ni garantías adicionales', puede alcanzar un máximo de medio millón de euros. Sin embargo, sólo está disponible para empresas que inicien ahora su actividad o cuenten con menos de dos años. Pese a ello, la noticia ha sido acogida positivamente. Algunos sectores entienden que ayudará a fomentar la constitución de entidades financieras de capital riesgo en el sector tecnológico, una figura que apenas existe en el mercado español.

Si las condiciones financieras y de entorno son poco propicias, no lo son menos las legales. Desde septiembre del pasado año, una modificación del artículo 19 de la Ley de la Ciencia prevé una nueva figura, denominada licencia, por la que 'investigadores, científicos y técnicos' de Organismos Públicos de Investigación pueden incorporarse por un plazo máximo de 4 años a empresas y retornar posteriormente a su puesto de trabajo. La modificación no incluye a los investigadores universitarios, que continuarán careciendo de una figura de características similares. La medida, aunque interesante, se queda 'extraordinariamente corta', según fuentes universitarias.

Por otra parte, los científicos-empresarios sólo pueden disponer del 10% del capital social de la empresa si quieren mantener colaboraciones con su departamento o centro de origen. Las condiciones son a todas luces contradictorias con los intereses manifestados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología.