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COYUNTURA NACIONAL
Columna
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Inflación y competitividad

En las últimas columnas vengo insistiendo en que España tiene un problema inflacionista, que erosiona su competitividad y le resta potencial de crecimiento. En mayo, la inflación de los precios de consumo se situó en el 3,6%. Desde 1996 esta tasa se ha situado aproximadamente entre el 2% y el 4%. A la vista de estas cifras, cabe plantearse si esto es realmente un problema, teniendo en cuenta que con anterioridad a esa fecha la inflación raramente bajaba del 5% y que durante muchos años (entre 1973 y 1984) alcanzó cifras de dos dígitos. Ciertamente disfrutamos ahora de una situación más llevadera, pero el problema subsiste, pues la cuestión clave no es el nivel que alcance la inflación en un país, sino la inflación relativa con el resto de países con los que tiene que competir. Esto es así especialmente desde que España está integrada en la UEM y el tipo de cambio ya no puede utilizarse como posible vía de ajuste (depreciación) para restaurar la competitividad, como solía suceder antaño.

Los mejores indicadores de competitividad serían el IPRI o los costes laborales por unidad producida (CLU)

En el gráfico izquierdo puede verse que el IPC de España mantiene un diferencial importante con los países de la UEM desde que se creó el euro, que se ha ampliado recientemente hasta 1,7 puntos porcentuales (pp). Desde el inicio de la UEM hasta mayo último, el IPC ha aumentado en España 4,3 pp más que en el resto de países del área. Ahora bien, hemos de tener cuidado en identificar aumentos superiores del IPC con pérdida de competitividad. El IPC no es precisamente el mejor indicador de la inflación cuando pensamos en estos términos, pues incluye precios de bienes y servicios no producidos en España (los importados) y muchos otros que no se comercian internacionalmente, a los que no les atañe la pérdida de competitividad (la mayoría de los servicios). Los mejores indicadores a estos efectos serían bien los precios de producción de aquellos bienes que se comercian internacionalmente (p. e., los índices de precios industriales -IPRI- o similares) o, mejor aún, los costes laborales por unidad producida (CLU) de estos bienes. El problema es que los IPRI no están armonizados como los IPC, por lo que los datos no son perfectamente comparables, y respecto a los CLU, no suelen publicarse a nivel desagregado o se dispone de ellos con bastante retraso.

En el gráfico central pueden observarse las tasas de variación interanual de los IPRI (excluida la energía) de España y la UEM, y en el derecho, los CLU para el total de la economía (no he podido obtener datos para el sector industrial manufacturero del conjunto de la UEM). Como se ve, en ambos indicadores persiste el diferencial, menor en el caso del IPRI y mayor en los CLU. En este último caso, podría pensarse que el mayor diferencial puede obedecer a que están incluidos también los sectores no expuestos a la competencia, en principio más inflacionistas, pero los datos contradicen esta explicación, pues en España los CLU de la industria manufacturera vienen creciendo en los últimos años incluso ligeramente más que los del conjunto de la economía, lo que no ocurre en los países de la UEM para los que he podido obtener datos.

Algunos (Gobierno incluido) nos dicen que la mayor inflación en España no es un problema porque obedece al mayor crecimiento de la economía española. Esto puede ser, pero según en qué condiciones. De ello les hablaré otro día.

Ángel Laborda es director de coyuntura de la Fundación de las Cajas de Ahorros Confederadas para la Investigación Económica y Social (FUNCAS).

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