Cien municipios, sin medios para conceder la licencia de posesión de perros peligrosos

Los propietarios de perros ofialmente declarados peligrosos (pitbull, staffordshire, american staffordshire, rottweiler, dogo argentino, fila brasileiro, tosa inu y akita inu) se enfrentan a una situación peliaguda: un decreto del Ministerio de Presidencia, en vigor desde el viernes, les obliga a obtener una licencia municipal que legalice la posesión de su mascota. Hoy por hoy, ningún Ayuntamiento, excepto el de Madrid, tiene capacidad para expedir estos permisos. La Federación Madrileña de Municipios denuncia que 'cerca de 100 Ayuntamientos pequeños no tienen medios suficentes para aplicar la norma, y los grandes no han tenido tiempo para llevarla a cabo'.

El Real Decreto 287/2002, del Ministerio de Presidencia, que desarrolla la Ley 50/1999, impone varias obligaciones a los ayuntamientos y a los propietarios de los animales. La norma afecta principalmente a los dueños de alguna de las ocho razas consideradas oficialmente peligrosas -pitbull, staffordshire, american staffordshire, rottweiler, dogo argentino, fila brasileiro, tosa inu y akita iunu-.

Los veterinarios deberán asimismo determinar entre perros que no son de estas razas los que, por sus características físicas (constitución fuerte o musculosa, grandes mandíbulas) o carácter también se consideren agresivos. Y comunicárselo a sus dueños. El problema es que la mayoría de los ayuntamientos de la región carecen de un veterinario que pueda decidir si un perro es o no peligroso.

Los propietarios de los perros potencialmente peligrosos deberán también lograr un certificado psicotécnico (semejante al necesario para el carné de conducir), demostrar que no tienen antecedentes penales graves (homicidio, tráfico de drogas, delitos sexuales, lesiones...) y contratar un seguro que cubra los daños que pueda causar el animal por un mínimo de 120.000 euros.

Por su parte, la norma exige a los ayuntamientos que inspeccionen y controlen que los propietarios de estos perros cumplen las normas. Asimismo, los municipios deben censar a este tipo de mascotas, exigir que pasen controles veterinarios y expedir la licencia oportuna para su posesión.

Ordenanza similar

Pero sólo el Ayuntamiento de Madrid, que empezó a aplicar una ordenanza similiar hace un año, cumple la norma. 'Ningún otro Ayuntamiento la ha podido aplicar todavía. Llevamos meses reclamando una moratoria, pero no se nos ha hecho caso. Ahora sólo nos queda esperar que la policía o la Guardia Civil esperen unos meses para exigir a la gente las licencias, porque lo cierto es que éstas aún no existen', explica José Ángel Isla, de la Federación Madrileña de Municipios.

Lo máximo que han hecho algunos ayuntamientos ha sido empezar a tramitar papeles a los ciudadanos que han acudido a interesarse por la situación legal de sus mascotas. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Leganés ya tiene tramitadas las solicitudes de 16 vecinos. Pero en ningún caso se han expedido licencias ni se ha promovido la elaboración del censo, según la Federación Madrileña de Municipios. Para solventar los problemas que esta normativa genera a los consistorios, la FMM solicitó en mayo al Gobierno regional dos cosas: una moratoria para que se retrasara la entrada en vigor del decreto, y que la Comunidad se encargue de los controles veterinarios en aquellos ayuntamientos que no puedan asumirlos.

La Dirección General de Agricultura está elaborando ya una norma regional que regule estas cuestiones. El nuevo decreto que prepara la Comunidad, aún un borrador, traslada las exigencias de la norma estatal a nivel regional y añade la obligatoriedad de los dueños a asistir a un curso de formación de 15 horas de duración.

Este curso se centrará en la legislación vigente sobre animales peligrosos y en ofrecer educación sobre los cuidados y comportamiento de los perros.El decreto también propone que sea el Gobierno regional el que asuma la gestión de las licencias en los 45 municipios que tienen menos de 1.500 habitantes, así como la creación de un censo regional de perros peligrosos.

La federación de municipios quiere que esta medida se extienda a los 131 consistorios de menos de 5.000 habitantes.