La oposición exige abrir una comisión de investigación a Cartagena tras su imputación por la juez Palacios

Tanto el PSPV como EU exigirán al PP, según anunciaron ayer, abrir en las Cortes una comisión de investigación al ex consejero de Obras Públicas Luis Fernando Cartagena, imputado en el caso de las cesiones de crédito del Santander por la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios por un delito fiscal al dejar de regularizar una cuota de 236.197 euros (40 millones de pesetas).

El portavoz del Grupo Socialista, Joaquim Puig, afirmó ayer que el PP, que se ha negado en ocasiones anteriores a abrir dicha investigación a Cartagena, 'no puede seguir escondiéndose ni intentar dar la sensación de normalidad que pretende dar'. A su juicio, hay motivos más que suficientes para indagar en la gestión de Cartagena; Puig recordó que recientemente el ex consejero fue condenado a cuatro años de prisión por apropiación indebida de fondos públicos, por no registrar como alcalde de Orihuela una donación de 50.000 euros (8,3 millones de pesetas) de una congregación religiosa. Puig exigió al presidente de la Generalitat y líder del PP, Eduardo Zaplana, que aparte de su partido de una vez a Cartagena, que todavía es vicepresidente del Consejo de la Salud. 'Es inaudito que el PP se pasee con un evasor fiscal', exclamó Puig, y se preguntó: '¿Qué es lo que oculta el señor Zaplana que no le permite actuar contra Cartagena: no fue capaz de cesarlo en su día y ahora no es capaz de apartarlo del PP?'.

El portavoz adjunto de EU, Joan Antoni Oltra, exigió que la comisión, 'bloqueada' en las Cortes por el PP, 'se ponga en marcha con urgencia'. Y recordó cómo Zaplana ha defendido a Cartagena a 'capa y espada'.

Mientras arreciaban las críticas de la oposición, el PP eludió ayer cualquier responsabilidad política. El secretario de Política Económica del PP, Vicente Martínez Pujalte, explicó que la imputación a Cartagena 'es un tema que responde a su vida personal y en el que el PP no tiene ninguna responsabilidad'. Para él, 'el auto de la juez Palacios no cambia un ápice la situación del señor Cartagena; lo único que ha dicho la juez es que ha acabado el proceso de instrucción'. Y recordó que el tema se remonta a 1995, cuando 'Cartagena no tenía ninguna responsabilidad de gobierno en la Generalitat'. No obstante, explicó que su partido respeta la decisión de imputar al ex consejero, 'lo que significa que ni la valoramos como positiva ni como negativa'. Lo mismo dijo Alicia de Miguel, consejera Portavoz del Consell de Zaplana: 'Es lógico que la señora Palacios, como jueza que es, dicte los autos que le parezcan oportunos y nosotros siempre tenemos muy claro lo que significa el respeto a las decisiones judiciales'.

No obstante, el PP intentó enmarcar las cesiones de crédito en una actuación normal en su día y, en todo caso, como un hecho remoto: 'Estamos hablando', dijo Martínez Pujalte, 'de un producto que se comercializó en España en la década de los ochenta y muy a principios de los noventa'. Y añadió que incluso sobre este producto financiero hubo 'diferencias de criterio en lo que debía ser su regulación tributaria'.

La reacción del PP dejó 'perplejo' a Puig, extrañado de que no quiera 'investigar de dónde salieron esas importantes cantidades de dinero negro'. Puig habló de la existencia de un entramado financiero tras Cartagena. Y recordó que éste 'propició el acceso de Zaplana a la cúpula del PP', por lo que 'tiene muchas deudas pendientes' con el político imputado.

Puig también criticó al PP a nivel nacional, ya que tanto el fiscal como el abogado del Estado 'intentaron cerrar el caso en falso'. 'Ahí se ve el doble rasero del PP a la hora de medir a los contribuyentes. Mientras todos hacemos nuestras declaraciones permite que medio billón de pesetas queden al margen de Hacienda; es un insulto'.

EU, por su parte, recordó que Zaplana, durante la última convención del PP, 'aseguró que hacía suyas todas las gestiones de los diferentes consejeros que había tendio al frente de la Generalitat'. Oltra mostró su satisfacción por la decisión de la juez de imputar a Cartagena, que 'ha sido un maestro a la hora de ocultar la documentación que demostraba que era propietario de cesiones de crédito'. Y añadió: 'Somos conscientes de las dificultades y trampas que han existido para retrasar la apertura' del juicio oral.