El juzgado retrasa 'por el momento' el desalojo de los 'okupas' de El Laboratorio

Los okupas del centro social El Laboratorio, en Lavapiés, han conseguido retrasar su desalojo. El juzgado de instrucción número 11, que en mayo pasado ordenó su expulsión de la antigua imprenta Samarán, en Amparo, 103 -donde llevaban desde febrero-, ha aceptado las alegaciones presentadas por estos jóvenes y ha decidido 'no desalojarlos por el momento' de este edificio privado que usan para desarrollar actividades socioculturales y que, según sus datos, llevaba dos décadas vacío. Los okupas han levantado el encierro que mantenían desde el domingo.

El juez había ordenado su expulsión, a instancias de los dueños del bloque, 'para llevar a cabo unas obras necesarias para la seguridad del inmueble'. Pero dichas obras -el apuntalamiento de una nave y el refuerzo de un tejado- ya las había acometido el propio Ayuntamiento al no hacerlas los propietarios (que ayer declinaron ofrecer su versión a EL PAÍS). Teniendo en cuenta ese hecho, el juzgado descarta desalojar 'porque no parece existir ningún peligro de ruina inminente del edificio' y porque 'los propietarios tramitan su demolición'.

El juez también tiene en cuenta 'la documentación aportada sobre las actividades que se realizan en el inmueble'. Endika Zulueta, abogado de los okupas, destaca que 'por primera vez, las actividades de un centro social autogestionado se valoran jurídicamente hasta el punto de motivar la paralización del desalojo'. El Laboratorio dispone de un cine, una ludoteca, un local de conciertos, un bar, un área telemática... y organiza jornadas de urbanismo, presentaciones de películas, actuaciones de flamenco...

Un centenar de personas, entre ellas Itziar Bollain, Javier Macqua, José Luis Garci, Rosa Montero, Carmen Alborch o Ramoncín han firmado un manifiesto pidiendo al Ayuntamiento y a la Comunidad que reconozcan el interés social del centro y busquen fórmulas para que sus promotores no estén abocados a la expulsión: desde 1997 les han echado de otros dos edificios, en Embajadores y Cabestreros.

El juzgado no archiva, sin embargo, la causa penal abierta contra estos jóvenes, ya que considera 'que existen indicios razonables de criminalidad contra ellos al constar que entraron en el inmueble sabiendo que no era de su propiedad'. La okupación se castiga con multas sustituibles por cárcel en caso de impago. El desalojo podría producirse si los propietarios recurren ante la Audiencia Provincial y ésta les da la razón o si los okupas son condenados en el juicio penal.