Castellón expone el plan de la Marjalería para tantear su aceptación

El equipo de gobierno municipal en el Ayuntamiento de Castellón ha aprobado exponer al público el plan especial para la Marjalería, que debería haberse incluido en el Plan General de Ordenación Urbana, aprobado en 2000. Sin embargo, ésta no es una exposición oficial sino oficiosa y, por lo tanto, de momento no se podrán presentar alegaciones pero sí 'tantear' la reacción de los vecinos de las cerca de 3.000 viviendas afectadas. El concejal de Urbanismo, Alberto Fabra, ha justificado la decisión de proceder a una primera exposición pública no oficial alegando la necesidad de ampliar una documentación hidrológica y el alargar el plazo de consulta del nuevo plan. Sin embargo, el edil socialista Miguel Alcalde considera criticable que 'después de 11 años con José Luis Gimeno como alcalde, sólo presenten el dibujo de cómo hay que solucionar el problema' de miles de casas, en la mayoría de casos, ilegales. Aún así, el equipo de gobierno se ha comprometido a que el plan especial de la marjalería será aprobado en julio, acto tras el que pondrán empezar a presentarse las alegaciones pertinentes.

Para la redacción de este plan, el Ayuntamiento de Castellón se ha tenido que inventar un nuevo concepto urbanístico llamado 'ámbito', equiparable a las unidades de ejecución pero, en el caso del marjal de Castellón, con construcciones y sin servicios. Fabra confía en que la Consejería de Obras Públicas dará el visto bueno a este nuevo concepto que podría servir, según dijo, para solucionar urbanizaciones semejantes en otros marjales valencianos.

Alrededor del 33% de la zona afectada por este plan especial recibirá la calificación de no urbanizable y, en una importante porción, además, protegido. Los ámbitos de urbanización engloban otro 31% del suelo, mientras que el resto será urbanizable. En cualquier caso, la legalización de toda la zona y su desarrollo para nuevas construcciones estará pendiente, tal como ha advertido en más de una ocasión Obras Públicas, de la ejecución de todas las infraestructuras necesarias para evitar el riesgo de inundaciones y la instalación de unos servicios mínimos. Esto supone un proceso de unos 10 años, según el PP, y de 14, según el PSPV y el desembolso de unos 24 millones de euros (4.000 millones de pesetas) por parte del Ayuntamiento y 96 millones de euros (unos 16.000 millones de pesetas) por parte de los vecinos que habrán de costear la urbanización y la implantación de servicios obviados hasta el momento. Según los datos recogidos para la redacción de este plan especial, de las 2.938 edificaciones que se encuentran en la zona afectada, 2.363 son viviendas y, de ellas, el 43% no tiene servicio de agua potable y sólo el 12% cuenta con saneamiento, mientras que el alumbrado público llega al 15%.

Viviendas sin servicios

Según los datos recogidos para la redacción de este plan especial, de las 2.938 edificaciones que se encuentran en la zona afectada, 2.363 son viviendas y, de ellas, el 43% no tiene servicio de agua potable y sólo el 12% cuenta con saneamiento, mientras que el alumbrado público llega al 15%. La mayoría, un 48% no sobrepasan los 100 metros cuadrados de construcción y, según su análisis, en el 65% de los casos son viviendas de segunda residencia. El teléfono alcanza al 55% de las viviendas y aunque casi en su totalidad tienen luz eléctrica, en algunas de las construcciones utilizadas como vivienda no se ha registrado tal servicio. Las construcciones que se hallen en una de las áreas calificadas como no urbanizables no se derribarán pero tampoco tendrán la posibilidad de optar a los servicios necesarios para legalizar esta urbanización.