El PP exige la retirada del proyecto de la Ley del Suelo por inconstitucional
El Gobierno central estima que la legislación andaluza invade competencias del Estado
El secretario regional del PP, Antonio Sanz, exigió ayer al Gobierno andaluz que retire el proyecto de Ley del Suelo al considerarlo inconstitucional e intervencionista y anunció que para impedir que la norma salga adelante habrá 'una avalancha de mociones' en su contra en los ayuntamientos andaluces que gobierna el PP. En conferencia de prensa celebrada en Córdoba, Sanz añadió que el Gobierno de José María Aznar se ha dirigido al de la Junta de Andalucía para pedirle que reforme ese proyecto de ley porque, entiende, que usurpa competencias que son del Gobierno central en materia urbanística.
En su opinión, este proyecto de ley recorta competencias a los ayuntamientos andaluces y añadió que lo que el Gobierno andaluz pretende es crear un Plan General de Ordenación Urbana único para toda Andalucía, lo que considera 'intolerable porque es intervencionista y atenta contra la autonomía municipal'. Para Sanz, esa ley servirá para encarecer el precio del suelo y 'favorecer el incremento de la especulación por parte del PSOE al frente de los Ayuntamientos restringiendo la oferta y encareciendo el precio de las viviendas'.
Por otro lado, tanto Sanz como el presidente de la gestora del PP de Córdoba, Luis Martín, eludieron pronunciarse sobre la crisis abierta en esta organización provincial desde la destitución de la junta directiva cordobesa y la suspensión de militancia del ex presidente Enrique Bellido y de otros seis ex dirigentes provinciales. El secretario general del PP andaluz se reunión con los siete componentes de la gestora cordobesa que son los encargados de convocar la celebración del congreso extraordinario que elija la nueva dirección provincial, para el que todavía no hay fecha.
A este respecto, Bellido se ha ofrecido para mejorar las relaciones internas dentro del partido, para propiciar un clima que permita que los militantes de la provincia mantengan su alta en los ficheros, su participación en las juntas locales y sus cargos institucionales. En un comunicado, Bellido señala que la suspensión cautelar de militancia que pesa contra él 'no debe representar un factor negativo a la hora de afrontar las próximas elecciones y debería circunscribirse exclusivamente al plano orgánico'. Añade que no siente 'rencor' por la situación que califica de 'injusta'.
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