Situación insólita

El 12 de junio me vi envuelta en una situación totalmente insólita e inimaginable. Me fue prohibida e impedida la entrada a una institución pública como es la Consejería de Educación, a la cual pertenezco dado que soy profesora funcionaria que ejerce un cargo directivo en un centro público de enseñanza. La única razón que se alegó es que yo estaba manifestándome fuera del edificio y que por ese motivo se me vetaba la entrada. Es cierto que había acudido a la concentración convocada por padres y madres de varios colegios para pedir la puesta en marcha del instituto de Malilla para el próximo curso. Decidí entrar al recinto presentando mi DNI y declarando mi condición de funcionaria, alegando que quería ir al bar a comprar agua. Cuál fue mi estupor cuando dos policías interceptaron mi paso; me pidieron el DNI y anotaron mis datos. En ningún momento conseguí que se identificaran con su número de agente. ¿Cómo es posible que la consejería me haya propinado este desaire? ¿Cómo puede permitirse el lujo de actuar de esa forma una institución (¿democrática?) con una ciudadana cuya única intención manifiesta era conseguir una botella de agua? En aras de la seguridad institucional no se puede justificar la discriminación, negación o vulneración de derecho a los ciudadanos. Espero que la consejería reconsidere su actuación.