Un consejo asesor paralizado desde 1997

El puente creado por el Gobierno socialista para negociar con los ecologistas y expertos ambientales está roto desde 1997, antes de la llegada de Jaume Matas al Ministerio de Medio Ambiente: se trata del Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), un organismo integrado por más de 80 personas que debe informar todos los proyectos de ley elaborados por el ministerio. En diciembre pasado, el secretario de Estado de Aguas y Costas, Pascual Fernández, prometió a los ecologistas que se dotaría al consejo de un estatuto más ágil y operativo. Fernández ha mantenido varias reuniones con los ecologistas, a quienes ha llegado a presentar un borrador de decreto aún sin aprobar. Mientras, el Gobierno envía al Parlamento proyectos de ley sin que sean vistos e informados por ese órgano asesor, como exige el ordenamiento legal, según denuncian los ecologistas. A la predecesora de Matas, Isabel Tocino, el consejo le dio más de un disgusto. Matas no lo convoca alegando que su estatus se 'está reformulando'.

Para el ministro, el consejo 'no es operativo' y se negocia 'para cambiarlo, de manera que venga bien a todas las partes'. El ministro espera, para 'dentro de poco', poder presentar el proyecto de este nuevo modelo de consejo que lo haga 'más operativo'. Entretanto, negó ayer que se hayan paralizado las negociaciones con los integrantes del consejo, aunque admitió que no se ha alcanzado aún el consenso necesario para reconstituirlo. Los ecologistas constatan que hace ya cinco años que no han podido reunirse en el marco del consejo, y han optado por quejarse ante el Defensor del Pueblo por el funcionamiento anormal del ministerio al no convocarlo.

Pero al Defensor le sucede lo que a los ecologistas. El ministerio permanece mudo. No contesta. Ni al primer requerimiento que le dirigió en febrero, ni a otro de mayo pasado, en el que se queja de que 'desafortunadamente persiste en su actitud de no enviar la información pedida'.