Indefiniciones de las elecciones del 15 de junio de 1977
El sábado se cumplió el 25º aniversario de las primeras elecciones libres celebradas en España después de casi 40 años de franquismo. Con tal motivo, las conmemoraciones volvieron a destacar el papel protagonista de una parte de los dirigentes franquistas en la transición de la dictadura a la democracia y, por otra parte, situaron las elecciones en el marco de una explicación general de la transición que la presenta como un trayecto en línea recta, con sucesivas etapas tan previsibles como inevitables. Funcionalidad política y simplicidad explicativa convergen en buena parte de los grandes medios de comunicación, en especial en los audiovisuales, para reforzar una visión del cambio político centrada en las ingeniosas maniobras de unos hábiles políticos que tenían tanto unos objetivos muy bien definidos como los medios adecuados para alcanzarlos.
Sin embargo, la transición fue un proceso complejo, plagado de indefiniciones e incertidumbres, con unos cambios que fueron materializándose en función de un equilibrio de fuerzas a tres bandas: los defensores del puro continuismo franquista, fuertes en las instituciones dictatoriales y en las Fuerzas Armadas, aunque pronto en retroceso y desconcertados; aquellos que propugnaban reformas, en general imprecisas, especialmente en sus límites, instalados también en las instituciones y en particular en el Gobierno, y la oposición democrática, apoyada por una importante movilización social -después con frecuencia minimizada e incluso silenciada-, insuficiente sin embargo para imponer la formación de un gobierno provisional y la convocatoria de elecciones a Cortes constituyentes, es decir, la 'ruptura' democrática.
Las elecciones del 15-J no constituyeron una excepción en ese marco de indefiniciones e incertidumbres. En primer lugar, la Ley para la Reforma Política, aprobada en diciembre de 1976, no preveía la elección de unas Cortes constituyentes, y las elecciones finalmente convocadas no lo fueron formalmente a una Cámara con tal carácter. Por otra parte, a principios de 1977 las incertidumbres sobre las elecciones que se iban a celebrar eran muy notables, en especial, respecto al grado de pluralismo que sería admitido y a las condiciones mismas de celebración de los comicios. Hasta la legalización del PCE, en el mes de abril, se mantuvo abierta una importantísima incógnita sobre el proceso electoral, dado el determinante papel de los comunistas en la lucha por la democracia y su gran implantación en los principales movimientos sociales. Fue una decisión difícil para el Gobierno, cuyo presidente pasaría a ser considerado desde ese momento por muchos militares y por otros sectores franquistas y neofranquistas como un 'traidor'. Sin embargo, era una decisión absolutamente necesaria para asegurar la credibilidad de los cambios iniciados. Al final, como muchas decisiones anteriores, la legalización del PCE reforzó el liderazgo de Adolfo Suárez, que continuaba avanzando por una vía aparentemente paradójica: asumiendo gradualmente los objetivos esenciales de la oposición democrática, aunque no los instrumentos que aquélla proponía para alcanzarlos.
Las elecciones finalmente se celebraron en unas condiciones aceptables para la mayoría de las fuerzas políticas, pero debe destacarse, aunque con frecuencia se haya silenciado, que la coalición liderada por Suárez jugó con notables ventajas, entre ellas el apoyo del aparato del Estado, y que, por otra parte, algunos partidos no legalizados debieron presentarse como agrupaciones de electores. Sin embargo, el carácter constituyente de las Cortes dependía de los resultados electorales, como de la configuración de la nueva Cámara dependían las características básicas del nuevo ordenamiento político. Ante algunas críticas algo frívolas al proceso de transición, tal vez deba recordarse que las alternativas en 1976 no eran sólo reforma o ruptura, sino continuismo, reformas -de variados alcances- o ruptura.
En este sentido, y como otros procesos de transición han demostrado, no era imposible el establecimiento en la España posfranquista de un régimen liberal pero no plenamente democrático -tal era el proyecto de reformismo defendido por Fraga- o de una democracia sometida a controles al margen de la voluntad popular, como ocurrió en la transición chilena.
Los resultados del 15-J supusieron un paso decisivo hacia la configuración de una democracia sin duda imperfecta, pero homologable a las del entorno europeo. La victoria de la heterogénea coalición UCD, muy alejada sin embargo de la mayoría absoluta, la sólida segunda posición del PSOE, la representación alcanzada por los comunistas, el apoyo obtenido por los nacionalistas vascos y catalanes, el escaso éxito de la neofranquista AP y el estrepitoso fracaso de las candidaturas franquistas determinaron definitivamente la apertura de un proceso constituyente que, con el acuerdo básico de centristas, socialistas, comunistas y nacionalistas, y el tardío y parcial de populares, culminó con la aprobación de la Constitución y la derogación de todas las Leyes Fundamentales de la dictadura. Además, los resultados electorales en Cataluña -victoria catalanista con hegemonía de socialistas y comunistas- y en el País Vasco -triunfo de los socialistas y del PNV- determinaron también la creación (restablecimeinto, en el caso catalán) de instituciones provisionales de autogobierno que, a su vez, condicionaron la elaboración de la Carta Magna, que incorporó una profunda transformación de la estructura territorial del Estado, algo que ni los reformistas más audaces habían previsto.
Nada estaba predeterminado. Justamente por el carácter abierto del proceso, con numerosas indefiniciones e incertidumbres, las elecciones del 15-J fueron decisivas en la transición del franquismo a la democracia, una democracia aún inexistente en junio de 1977.
Carme Molinero y Pere Ysàs pertenecen al Centro de Estudios sobre las Epocas Franquista y Democrática (CEFID) de la UAB
