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Entrevista:MUSTAFÁ EL M'RABET | PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES E INMIGRANTES MARROQUÍES EN ESPAÑA (ATIME) | LA INMIGRACIÓN

'Hay que dejarse de utopías y respetar las leyes españolas'

Pablo Ximénez de Sandoval

Después de 13 años defendiendo los derechos de los marroquíes en España, la comunidad de extranjeros más numerosa, Atime, ya es considerada un interlocutor en todos los conflictos derivados de la inmigración. Mustafá El M'Rabet, presidente de Atime, recibe en su despacho, por ejemplo, a Roger van Boxtel, ministro holandés de Grandes Ciudades e Integración de Minorías, interesado por una organización 'que tiene discurso y propuestas reales de convivencia'.

Pregunta. ¿Se puede controlar la inmigración marroquí?

Respuesta. Nosotros siempre hemos pedido que se establezcan acuerdos con los países de origen. Ésa es la forma de quitarle clientela a las mafias. Ahora el Gobierno hace suyo este discurso. Hay que regular en función de las necesidades del mercado laboral en Europa. Pero ahora no es posible. Hay muchos impedimentos para la entrada legal en Europa, y las mafias tienen casi la exclusiva de los medios de entrada.

Mientras haya corrupción en la policía, en la gendarmería y en las fuerzas que controlan las costas, seguirán saliendo pateras
Lavapiés -donde viven las personas con menor nivel de vida y del que dicen que es 'multicultural'- no es un modelo de convivencia ni de integración
'En un país democrático, las cosas se negocian, no se pueden mantener pulsos con el Gobierno. Somos conscientes de hasta dónde podemos llegar'

P. ¿Por qué ahora es imposible?

R. La inmigración es víctima también de las relaciones actuales entre Marruecos y España, que deben normalizarse cuanto antes. Hay que ayudar a los países de origen, pero a su vez estos países también deben dar muestras de su lucha contra la corrupción. Mientras haya corrupción en la policía, en la gendarmería y en las fuerzas que controlan las costas, seguirán saliendo pateras. Eso es responsabilidad de Marruecos, no puede esconder la cabeza.

P. ¿Cuál es la relación entre esa inmigración ilegal y la delincuencia?

R. Primero, lo que más nos preocupa es el endurecimiento del discurso de inmigración, hace unos meses, con un exceso de transparencia en la divulgación de datos de inmigrantes en las cárceles. Es injusto imputarnos una delincuencia organizada y profesional. Los traficantes de drogas y personas son delincuentes internacionales, al margen de que haya inmigrantes o no. Por otro lado, una persona sin papeles y sin trabajo se ve obligada a practicar pequeños actos de delincuencia de supervivencia.

P. Pero, aparte, ¿no hay ya quien llega directamente a instalarse en la delincuencia?

R. No hay ni habrá modo de saber quién viene a delinquir o a trabajar como Dios manda y a mantener a su familia. El que caiga en la delincuencia, que se le castigue. ¿Pero cómo se distingue? Creo que intentar hacer esa distinción es exigir demasiado. Para eso están las leyes, y no se puede generalizar.

P. ¿Qué derechos puede exigir un irregular? Le pongo el caso del encierro de Sevilla.

R. Los de Sevilla son víctimas de una manipulación. Una cosa es pedir papeles y otra son los cauces y el contexto en el que te mueves o la idoneidad del momento. Lo de Sevilla es la peor forma de plantear esa reivindicación. Debemos saber hablar a los futuros emigrantes, a los candidatos a venir. Debemos explicar que el grifo de la regularización en Europa está cerrado y se exponen a ser detenidos y expulsados, a la marginalidad, la explotación y la precariedad laboral. Muchos se arrepienten de venir, pero ya no pueden dar el paso atrás y además ya lo han perdido todo. Muchos llegan a la desesperación y ya les da igual. No se puede jugar con la sensibilidad de la gente y hacerles promesas falsas. Podemos estar pidiendo regularizaciones permanentemente, pero ¿es ésa la solución? La inmigración no se resuelve desde la utopía. Hay que decirles que no vengan en patera, que vengan por la vía legal, que no caigan en las mafias.

P. ¿Nada de 'papeles para todos'?

R. Decir que la solución pasa por las puertas abiertas no es una posición realista, es demagógica. En un país democrático, con unas instituciones que nosotros no tenemos en nuestros países de origen, no se pueden mantener pulsos al Estado. Se negocia con las instituciones. Las regularizaciones que ha habido han sido negociadas con las organizaciones de inmigrantes, los sindicatos y partidos políticos. Somos muy conscientes de las reglas de juego y hasta dónde pueden llegar nuestras reivindicaciones como asociación que defiende los derechos de los inmigrantes. Las causas justas hay que saber defenderlas. A la sociedad española, una asociación de inmigrantes no puede imponerle absolutamente nada. Debe convencer, trabajar conjuntamente. Esta sociedad es nuestra también.

P. ¿Qué tolerancia hay que tener con las costumbres ajenas?

R. La sociedad española ya no es homogénea. Nos integramos en una sociedad nueva, que también debe hacer un esfuerzo por entendernos. No pedimos que entienda la ablación del clítoris, pero sí que quiera construir una mezquita. Ahí es donde la sociedad debe hacer un esfuerzo por comprender al inmigrantes.

P. ¿Dónde está el límite?

R. El límite lo fija la Constitución española y las leyes españolas. Todos tenemos la obligación de cumplir las leyes. Queda fuera todo lo que traigan los inmigrantes que se contradiga con eso. Tenemos la obligación de aprender muchas cosas que son los elementos de desarrollo de esta sociedad.

P. ¿Hay voluntad de integración?

R. Aislarse es un error. Estamos en contra de los guetos. Estamos en contra de fenómenos como el de Lavapiés [centro de Madrid], donde viven las personas con menor nivel de vida, porque los alquileres son baratos y los pisos se están cayendo. Y dicen que es 'multicultural' o 'ejemplo de convivencia'. No, eso no es modelo de convivencia ni de integración.

P. ¿Ha cambiado mucho la actitud de los españoles hacia los inmigrantes en este tiempo?

R. Sí, ha cambiado mucho la percepción. Se ha insistido tanto en que sea un problema que por fin lo es. Lo reflejan las encuestas. Hasta hace poco, la reacción era de indiferencia. Ahora, de pronto todo el mundo se ha visto obligado a tomar partido, a ponerse frente al inmigrante. Pero a la hora de tomar una actitud, a la mayoría le falta información realista, no interesada, para ser justos.

Después de 13 años defendiendo los derechos de los marroquíes en España, la comunidad de extranjeros más numerosa, Atime, ya es considerada un interlocutor en todos los conflictos derivados de la inmigración. Mustafá El M'Rabet, presidente de Atime, recibe en su despacho, por ejemplo, a Roger van Boxtel, ministro holandés de Grandes Ciudades e Integración de Minorías, interesado por una organización 'que tiene discurso y propuestas reales de convivencia'.

Pregunta. ¿Se puede controlar la inmigración marroquí?

Respuesta. Nosotros siempre hemos pedido que se establezcan acuerdos con los países de origen. Ésa es la forma de quitarle clientela a las mafias. Ahora el Gobierno hace suyo este discurso. Hay que regular en función de las necesidades del mercado laboral en Europa. Pero ahora no es posible. Hay muchos impedimentos para la entrada legal en Europa, y las mafias tienen casi la exclusiva de los medios de entrada.

P. ¿Por qué ahora es imposible?

R. La inmigración es víctima también de las relaciones actuales entre Marruecos y España, que deben normalizarse cuanto antes. Hay que ayudar a los países de origen, pero a su vez estos países también deben dar muestras de su lucha contra la corrupción. Mientras haya corrupción en la policía, en la gendarmería y en las fuerzas que controlan las costas, seguirán saliendo pateras. Eso es responsabilidad de Marruecos, no puede esconder la cabeza.

P. ¿Cuál es la relación entre esa inmigración ilegal y la delincuencia?

R. Primero, lo que más nos preocupa es el endurecimiento del discurso de inmigración, hace unos meses, con un exceso de transparencia en la divulgación de datos de inmigrantes en las cárceles. Es injusto imputarnos una delincuencia organizada y profesional. Los traficantes de drogas y personas son delincuentes internacionales, al margen de que haya inmigrantes o no. Por otro lado, una persona sin papeles y sin trabajo se ve obligada a practicar pequeños actos de delincuencia de supervivencia.

P. Pero, aparte, ¿no hay ya quien llega directamente a instalarse en la delincuencia?

R. No hay ni habrá modo de saber quién viene a delinquir o a trabajar como Dios manda y a mantener a su familia. El que caiga en la delincuencia, que se le castigue. ¿Pero cómo se distingue? Creo que intentar hacer esa distinción es exigir demasiado. Para eso están las leyes, y no se puede generalizar.

P. ¿Qué derechos puede exigir un irregular? Le pongo el caso del encierro de Sevilla.

R. Los de Sevilla son víctimas de una manipulación. Una cosa es pedir papeles y otra son los cauces y el contexto en el que te mueves o la idoneidad del momento. Lo de Sevilla es la peor forma de plantear esa reivindicación. Debemos saber hablar a los futuros emigrantes, a los candidatos a venir. Debemos explicar que el grifo de la regularización en Europa está cerrado y se exponen a ser detenidos y expulsados, a la marginalidad, la explotación y la precariedad laboral. Muchos se arrepienten de venir, pero ya no pueden dar el paso atrás y además ya lo han perdido todo. Muchos llegan a la desesperación y ya les da igual. No se puede jugar con la sensibilidad de la gente y hacerles promesas falsas. Podemos estar pidiendo regularizaciones permanentemente, pero ¿es ésa la solución? La inmigración no se resuelve desde la utopía. Hay que decirles que no vengan en patera, que vengan por la vía legal, que no caigan en las mafias.

P. ¿Nada de 'papeles para todos'?

R. Decir que la solución pasa por las puertas abiertas no es una posición realista, es demagógica. En un país democrático, con unas instituciones que nosotros no tenemos en nuestros países de origen, no se pueden mantener pulsos al Estado. Se negocia con las instituciones. Las regularizaciones que ha habido han sido negociadas con las organizaciones de inmigrantes, los sindicatos y partidos políticos. Somos muy conscientes de las reglas de juego y hasta dónde pueden llegar nuestras reivindicaciones como asociación que defiende los derechos de los inmigrantes. Las causas justas hay que saber defenderlas. A la sociedad española, una asociación de inmigrantes no puede imponerle absolutamente nada. Debe convencer, trabajar conjuntamente. Esta sociedad es nuestra también.

P. ¿Qué tolerancia hay que tener con las costumbres ajenas?

R. La sociedad española ya no es homogénea. Nos integramos en una sociedad nueva, que también debe hacer un esfuerzo por entendernos. No pedimos que entienda la ablación del clítoris, pero sí que quiera construir una mezquita. Ahí es donde la sociedad debe hacer un esfuerzo por comprender al inmigrantes.

P. ¿Dónde está el límite?

R. El límite lo fija la Constitución española y las leyes españolas. Todos tenemos la obligación de cumplir las leyes. Queda fuera todo lo que traigan los inmigrantes que se contradiga con eso. Tenemos la obligación de aprender muchas cosas que son los elementos de desarrollo de esta sociedad.

P. ¿Hay voluntad de integración?

R. Aislarse es un error. Estamos en contra de los guetos. Estamos en contra de fenómenos como el de Lavapiés [centro de Madrid], donde viven las personas con menor nivel de vida, porque los alquileres son baratos y los pisos se están cayendo. Y dicen que es 'multicultural' o 'ejemplo de convivencia'. No, eso no es modelo de convivencia ni de integración.

P. ¿Ha cambiado mucho la actitud de los españoles hacia los inmigrantes en este tiempo?

R. Sí, ha cambiado mucho la percepción. Se ha insistido tanto en que sea un problema que por fin lo es. Lo reflejan las encuestas. Hasta hace poco, la reacción era de indiferencia. Ahora, de pronto todo el mundo se ha visto obligado a tomar partido, a ponerse frente al inmigrante. Pero a la hora de tomar una actitud, a la mayoría le falta información realista, no interesada, para ser justos.

Después de 13 años defendiendo los derechos de los marroquíes en España, la comunidad de extranjeros más numerosa, Atime, ya es considerada un interlocutor en todos los conflictos derivados de la inmigración. Mustafá El M'Rabet, presidente de Atime, recibe en su despacho, por ejemplo, a Roger van Boxtel, ministro holandés de Grandes Ciudades e Integración de Minorías, interesado por una organización 'que tiene discurso y propuestas reales de convivencia'.

Pregunta. ¿Se puede controlar la inmigración marroquí?

Respuesta. Nosotros siempre hemos pedido que se establezcan acuerdos con los países de origen. Ésa es la forma de quitarle clientela a las mafias. Ahora el Gobierno hace suyo este discurso. Hay que regular en función de las necesidades del mercado laboral en Europa. Pero ahora no es posible. Hay muchos impedimentos para la entrada legal en Europa, y las mafias tienen casi la exclusiva de los medios de entrada.

P. ¿Por qué ahora es imposible?

R. La inmigración es víctima también de las relaciones actuales entre Marruecos y España, que deben normalizarse cuanto antes. Hay que ayudar a los países de origen, pero a su vez estos países también deben dar muestras de su lucha contra la corrupción. Mientras haya corrupción en la policía, en la gendarmería y en las fuerzas que controlan las costas, seguirán saliendo pateras. Eso es responsabilidad de Marruecos, no puede esconder la cabeza.

P. ¿Cuál es la relación entre esa inmigración ilegal y la delincuencia?

R. Primero, lo que más nos preocupa es el endurecimiento del discurso de inmigración, hace unos meses, con un exceso de transparencia en la divulgación de datos de inmigrantes en las cárceles. Es injusto imputarnos una delincuencia organizada y profesional. Los traficantes de drogas y personas son delincuentes internacionales, al margen de que haya inmigrantes o no. Por otro lado, una persona sin papeles y sin trabajo se ve obligada a practicar pequeños actos de delincuencia de supervivencia.

P. Pero, aparte, ¿no hay ya quien llega directamente a instalarse en la delincuencia?

R. No hay ni habrá modo de saber quién viene a delinquir o a trabajar como Dios manda y a mantener a su familia. El que caiga en la delincuencia, que se le castigue. ¿Pero cómo se distingue? Creo que intentar hacer esa distinción es exigir demasiado. Para eso están las leyes, y no se puede generalizar.

P. ¿Qué derechos puede exigir un irregular? Le pongo el caso del encierro de Sevilla.

R. Los de Sevilla son víctimas de una manipulación. Una cosa es pedir papeles y otra son los cauces y el contexto en el que te mueves o la idoneidad del momento. Lo de Sevilla es la peor forma de plantear esa reivindicación. Debemos saber hablar a los futuros emigrantes, a los candidatos a venir. Debemos explicar que el grifo de la regularización en Europa está cerrado y se exponen a ser detenidos y expulsados, a la marginalidad, la explotación y la precariedad laboral. Muchos se arrepienten de venir, pero ya no pueden dar el paso atrás y además ya lo han perdido todo. Muchos llegan a la desesperación y ya les da igual. No se puede jugar con la sensibilidad de la gente y hacerles promesas falsas. Podemos estar pidiendo regularizaciones permanentemente, pero ¿es ésa la solución? La inmigración no se resuelve desde la utopía. Hay que decirles que no vengan en patera, que vengan por la vía legal, que no caigan en las mafias.

P. ¿Nada de 'papeles para todos'?

R. Decir que la solución pasa por las puertas abiertas no es una posición realista, es demagógica. En un país democrático, con unas instituciones que nosotros no tenemos en nuestros países de origen, no se pueden mantener pulsos al Estado. Se negocia con las instituciones. Las regularizaciones que ha habido han sido negociadas con las organizaciones de inmigrantes, los sindicatos y partidos políticos. Somos muy conscientes de las reglas de juego y hasta dónde pueden llegar nuestras reivindicaciones como asociación que defiende los derechos de los inmigrantes. Las causas justas hay que saber defenderlas. A la sociedad española, una asociación de inmigrantes no puede imponerle absolutamente nada. Debe convencer, trabajar conjuntamente. Esta sociedad es nuestra también.

P. ¿Qué tolerancia hay que tener con las costumbres ajenas?

R. La sociedad española ya no es homogénea. Nos integramos en una sociedad nueva, que también debe hacer un esfuerzo por entendernos. No pedimos que entienda la ablación del clítoris, pero sí que quiera construir una mezquita. Ahí es donde la sociedad debe hacer un esfuerzo por comprender al inmigrantes.

P. ¿Dónde está el límite?

R. El límite lo fija la Constitución española y las leyes españolas. Todos tenemos la obligación de cumplir las leyes. Queda fuera todo lo que traigan los inmigrantes que se contradiga con eso. Tenemos la obligación de aprender muchas cosas que son los elementos de desarrollo de esta sociedad.

P. ¿Hay voluntad de integración?

R. Aislarse es un error. Estamos en contra de los guetos. Estamos en contra de fenómenos como el de Lavapiés [centro de Madrid], donde viven las personas con menor nivel de vida, porque los alquileres son baratos y los pisos se están cayendo. Y dicen que es 'multicultural' o 'ejemplo de convivencia'. No, eso no es modelo de convivencia ni de integración.

P. ¿Ha cambiado mucho la actitud de los españoles hacia los inmigrantes en este tiempo?

R. Sí, ha cambiado mucho la percepción. Se ha insistido tanto en que sea un problema que por fin lo es. Lo reflejan las encuestas. Hasta hace poco, la reacción era de indiferencia. Ahora, de pronto todo el mundo se ha visto obligado a tomar partido, a ponerse frente al inmigrante. Pero a la hora de tomar una actitud, a la mayoría le falta información realista, no interesada, para ser justos.

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Sobre la firma

Pablo Ximénez de Sandoval
Es editorialista de la sección de Opinión. Trabaja en EL PAÍS desde el año 2000 y ha desarrollado su carrera en Nacional e Internacional. En 2014, inauguró la corresponsalía en Los Ángeles, California, que ocupó hasta diciembre de 2020. Es de Madrid y es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense.

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