Superpoblación en Canarias

La foto de la inmigración en Canarias no se toma desde África. Los marroquíes y subsaharianos de Fuerteventura o Las Palmas son tan sólo la punta de este fenómeno en las islas. La mayoría son latinoamericanos y europeos, llamados por la potente industria turística, cuyos puestos de trabajo no cubre la población local.

'El archipiélago está superpoblado. Su actual población es casi el triple de la media del Estado', es la conclusión de las Directrices de Ordenación General de las Islas Canarias, el documento más riguroso que se ha elaborado sobre la presión poblacional en un territorio tan limitado.

Entre 1991 y 2001, la población de Canarias creció más de un 19%, triplicando el 6% estatal. Sólo Lanzarote y Fuerteventura han crecido los últimos 10 años un 79% y un 60%, cuatro y tres veces más que el archipiélago. Pájara (Fuerteventura) es el municipio cuya población ha crecido más en una década: 179,1%, casi treinta veces más que la media estatal.

El Gobierno de Canarias reconoce que 'la población autóctona de Fuerteventura constituye una minoría dentro de la isla'. Pájara ha crecido un 179,1% en 10 años

De los 65.000 nuevos residentes en 2000, 18.250 (un 28%) fueron por nacimiento. El resto, 46.750 (un 72%), corresponde a inmigración legal en su inmensa mayoría. El Gobierno de Canarias reconoce que 'la población autóctona de Fuerteventura constituye una minoría dentro de la isla'.

Ante estas cifras, el número de sin papeles llegados de África sería una mera anécdota si no fuera por su nula integración social. Hasta el pasado jueves, la Guardia Civil había detenido este año a 3.082, la mayoría ciudadanos de una docena de países subsaharianos.

La presión que genera la presencia de centenares de sin papeles vagando por algunas ciudades ha derivado en fuertes tensiones entre los alcaldes de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. El primero, José Manuel Soria (también presidente del PP en Canarias), conocido por su polémica decisión de costear con fondos municipales el traslado de cien africanos a Madrid, reclama ahora el traslado a otras islas o a la Península de los que la Delegación del Gobierno deja en libertad, después de que se hayan cumplido los 40 días legales de retención.

Su homólogo en Santa Cruz, Miguel Zerolo (de Coalición Canaria), con apoyo de otros municipios y el Cabildo Insular (todos de CC), rechaza la reconversión de la antigua prisión Tenerife I en un centro de estancia temporal con capacidad para 250 inmigrantes.