El Consell carga los servicios mínimos del 20-J en transportes y sanidad

La Generalitat exigirá el 20-J unos servicios esenciales superiores a los del último paro de 1994 en sanidad, transportes y educación. Los sindicatos han rechazado la oferta por 'abusiva' y proponen la autorregulación en este caso de desacuerdo. La Administración autonómica publicará el lunes, salvo imprevistos, una orden de servicios mínimos sin el acuerdo sindical. Las centrales convocantes anuncian que la recurrirán ante los juzgados.

Los hospitales valencianos funcionarán el 20-J como un domingo, los servicios de urgencias, como un sábado, y los de diálisis, radioterapia y oncología, como un día normal. La discrepancia en este capítulo está en que la Generalitat quiere un 50% del personal de consultas externas y los sindicatos no lo consideran un servicio 'para garantizar la vida, la salud y la seguridad de las personas'. Tampoco hay acuerdo en torno a las intervenciones quirúrgicas programadas.

La regulación del transporte es otro motivo de desacuerdo. Los sindicatos proponen un 25% del servicio en horario punta (de 6 a 9 y de 18 a 21 horas), a lo que la Generalitat añade un 10% del servicio. En la administración de Justicia, las centrales proponen un funcionario por juzgado, en tanto que la Generalitat eleva el servicio a tres trabajadores por oficina y un 30% del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano.

En los centros de enseñanza (la mayoría están en jornada extraescolar tras acabar el curso), la Generalitat pide dos personas por centro y las centrales sindicales no los contemplan. En la radio y la televisión pública valenciana, son esenciales para la Generalitat la producción y emisión de los informativos. Los sindicatos piden un formato reducido y que el resto de la emisión se ocupe con música o carta de ajuste. Esta cuestión no llegó a abordarse en la negociación.

La Generalitat será 'celosa' en su exigencia de que se cumplan los servicios mínimos ordenados con motivo de la huelga general del 20-J. Así lo expresó ayer el presidente Eduardo Zaplana tras entrevistarse con el consejero de Administraciones Públicas, Carlos González Cepeda, y el delegado del Gobierno, Francisco Camps, para tratar asuntos relacionados con la convocatoria de paro general.

Zaplana se mostró sorprendido por 'el rechazo de los sindicatos' a la propuesta del Consell, puesto que 'es una propuesta igual a la de anteriores huelgas', concretamente a la del paro general de 1994. El presidente añadió que los ciudadanos valencianos 'no quieren' esta huelga que, por otro lado, 'generará importantes daños económicos a la región, sobre todo al negocio turístico'. En este sentido, apuntó que la Generalitat garantizará la conexión de los aeropuertos con los principales centros turísticos. Además, insistió en que se trata de una protesta 'política', y añadió: 'Lo que me parece lamentable es que algunos partidos como el socialista estén al frente'. Zaplana anunció que el delegado del Gobierno y el consejero de Administraciones Pública de la Generalitat se reunirán la próxima semana para coordinar sus actuaciones durante el paro general.

CC OO replicó al presidente. Su secretario de Organización, Miguel Segarra, aseguró que la oferta de mínimos de la Generalitat, rechazada por los sindicatos, 'no coincide con los de la última huelga de 1994'. 'No se parece en muchas cosas', arguyó Segarra, 'sobre todo en los sectores de sanidad, educación, transportes y servicios de justicia, donde están las discrepancias entre el Consell y las centrales sindicales'. El dirigente agregó que la Generalitat publicará, como ya anunció, la orden de servicios esenciales el lunes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), con lo que se obstaculiza la posibilidad de acuerdo.

En este sentido, CC OO pedirá amparo a la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia si el decreto de mínimos del Consell supera al de 1994. La organización sindical pedirá su anulación. Segarra criticó los modos de la Generalitat, que ha enviado una circular a empleados de hospitales alicantinos donde les comunican que cumplan los servicios mínimos 'en base al acuerdo adoptado con los sindicatos'. Segarra apuntó que esta acción sí 'es un atentado contra el derecho fundamental de los trabajadores a la huelga'. Al cierre de esta edición no estaba previsto ningún encuentro entre sindicatos y Generalitat para desbloquear la situación.