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COLUMNA

Obiter dictum

Dícese en latín que cuando un tribunal razona o resuelve un tema que no necesariamente tiene que ver con el caso que está conociendo, vaya, que cuando un tribunal, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, decide aclarar criterios, está dando un obiter (de pasada) dictum. Los magistrados de la sala segunda del Tribunal Supremo, nada más entrar en los razonamientos jurídicos, punto segundo, practican lo que se podría asimilar al obiter dictum, cuando sostienen: 'Está fuera de duda que el enjuiciamiento de las acciones constitutivas del delito de terrorismo, como, por lo demás, el de las que pudieran serlo de genocidio o de tortura, se encuentra imperativamente (el subrayado es del ponente del auto) sujeto al principio de jurisdicción universal, cuestión que como tal es ajena a esta causa'.

La frase está dedicada al magistrado Luis Martínez de Salinas, ponente a su vez del auto que la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional, integrada por Francisco Castro Meije y Flor Sánchez Martínez, dictó el pasado 31 de mayo pasado. En él se anulaba la jurisdicción española para investigar el crimen de Carmelo Soria, funcionario internacional de un organismo de Naciones Unidas, en julio de 1976, en Chile, y otros.

Martínez de Salinas pretendía usar la primera resolución del Supremo en el caso Otegi, de 26 de mayo, referida al delito de apología de terrorismo, tergiversándola, para hacer una prestidigitación judicial, operación en la que todavía no están todos los que son.

Martínez de Salinas invocaba para anular la jurisdicción española en el caso Soria y el de otros secuestrados y ejecutados en Chile un auto que precisamente afirmaba la jurisdicción española sobre delitos de terrorismo cometidos en el extranjero en lugar de denegarla, lo que ha provocado una reacción en cadena. Ya el presidente de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Siro García, con el apoyo de la sala, decidió la semana pasada que el tema de la jurisdicción española debía ser objeto del pleno de dicha sala -y no de una de las cuatro secciones, en este caso la tercera- ya que en su día, en octubre de 1998, así se decidió. El pleno de 12 magistrados será convocado en fechas próximas.

Pero, el obiter dictum incluido de hecho en el auto dictado ayer por tres magistrados del Supremo, entre los que destaca nada menos que su presidente, Luis-Román Puerta, se pronuncia tajantemente a favor de la jurisdicción universal en delitos de genocidio, terrorismo y torturas al punto que la considera 'imperativa'. Lo que quiere decir en roman paladino es lo que los juristas llaman norma de ius cogens (obligado cumplimiento). Es la primera vez que el Supremo pronuncia las palabras malditas, 'jurisdicción universal', para los crímenes contra la humanidad.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 15 de junio de 2002