Garzón cita a declarar a 11 nuevos imputados y rechaza al PP como acción popular en el 'caso BBV'

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que instruye el caso BBV, decidió ayer citar a declarar a 11 nuevos imputados por su presunta implicación en las irregularidades detectadas en la utilización de las estructuras de BBV Privanza en Jersey, que según el magistrado pudieran constituir delito de defraudación contra la Hacienda Pública.

Los hechos que han dado lugar a las nuevas imputaciones fueron denunciados por Nicolás Ucelay, fundador de la fábrica de cigarrillos Coronas, y se refieren a dos operaciones: una, consistente en la venta a Vancouver Finance Company Ltd, domiciliada en Jersey de 18 locales comerciales a precio notoriamente inferior al de mercado, por una sociedad, al parecer controlada por dos hermanos del denunciante. Éstos se habrían hecho con el valor real de los inmuebles y habrían invertido 440 millones de pesetas, ocultando su identidad tras Vancouver.

La segunda, consistente en la aportación de 54 millones en julio de 1996, al capital de Construcciones Masca, al parecer una sociedad instrumental, efectuado por la sociedad irlandesa Simwell Investment. Canal Trust es administradora de Simwell. Estos 54 millones corresponderían a Roberto Ucelay, hermano del denunciante, y no habrían sido declarados al fisco.

Así, el juez ha imputado a Roberto Ucelay Sabina, Rafael Perera Alonso, a los directivos de Canal Trust Javier Cascajero Oya, Iñigo Sagarduy Salsón, Julio Antonio Cisneros, Alejandro García Serrano, Frank Joseph Casado, Neale Howard Butler, Martin John Taylor, Michel Fully y Ann Dugdale. Gabriel Moreno, que ya figuraba como imputado también será interrogado sobre esos hechos.

Además el magistrado ha acordado cursar una comisión rogatoria a Jersey para averiguar la identidad completa de los beneficiarios, y accionistas de las sociedades implicadas.

Rechazo al PP

Por otro lado, el juez rechazó ayer la personación del Partido Popular como acusación. Garzón precisa que la querella del PP 'no reúne los requisitos mínimos' para que se le dé trámite.

Insiste en que el objetivo de la acción popular debe ser la defensa del interés común y debe quedar claro que no se oculta ninguna causa ajena a ese interés. Agrega el juez: 'Los partidos políticos, estructuras básicas o instrumento fundamental para la participación política en un sistema democrático, no deben, como personas jurídicas que son, ocupar un lugar que no les corresponde en los procesos penales que no les afectan directamente' y precisa que ya cuentan con el Parlamento y otras instituciones, pero no el escenario penal, so pena de producir perjuicios en la credibilidad del sistema.