Esquizofrénico a causa de la mili
El Supremo condena a Defensa a pagar una pensión a un soldado enfermo
Cuando el joven alicantino José Vicente Insa, de 17 años, se fue en 1988 a hacer la mili como paracaidista voluntario a Madrid, la vida le sonreía. Cuando volvió un año después era un enfermo de esquizofrenia que nunca podría trabajar. Ahora, tras diez años de duros pleitos judiciales, el Tribunal Supremo le ha dado finalmente la razón. José Vicente tiene derecho a cobrar una pensión por invalidez absoluta y Defensa deberá pagarla. Los jueces consideran que su enfermedad es consecuencia del 'estrés' que sufrió durante el servicio militar en uno de los cuerpos más duros y exigentes del Ejército español. Permaneció 75 días en el calobozo, de los que 26 estuvo en completa incomunicación.
José Vicente Insa pasó, con 17 años, 26 días incomunicado en un calabozo militar
Juan Insa, padre de José Vicente, recibió, un año después de la marcha de su hijo, una única llamada telefónica del hospital civil Gregorio Marañón. El joven había sido ingresado por sufrir un 'brote esquizofrénico'. 'Me lo encontré atado a una cama, con los brazos esposados y sin afeitar. Les rogué [a los enfermeros] que, al menos, lo afeitaran', recuerda.
A Juan le costó mucho asimilar lo que los médicos le explicaron: su hijo sufría esquizofrenia, una enfermedad mental incurable que lo iba a incapacitar de por vida para cualquier profesión.'No me lo podía creer. Mi hijo no había tenido nunca ningún problema psiquiátrico. Era un chaval normal', recuerda el padre.
Días después, Juan se llevó a su hijo de vuelta a casa. Desde entonces, las crisis esquizofrénicas son intermitentes en la vida de José Vicente y nunca ha podido trabajar. Varias veces al año es ingresado en un hospital alicantino para ser tratado. La familia emprendió entonces una larga batalla judicial que ha durado diez años y que acabó hace unos días en la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.
La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Juan Antonio Xiol Ríos, considera que la 'invalidez absoluta' que sufre José Vicente se produjo 'en acto de servicio' y que, por lo tanto, Defensa debe pagarle una pensión mensual de algo más de 1.500 euros al mes, la máxima legal.
La esquizofrenia es una 'enfermedad neurodegenerativa que se adquiere en las primeras fases del desarrollo cerebral', explica Jerónimo Saiz Ruiz, jefe del servicio de psiquiatría del hospital madrileño Ramón y Cajal y autor del libro Esquizofrenia: enfermedad del cerebro y reto social. 'La enfermedad se manifiesta en la edad adulta, ante una situación de estrés como la mili. Eso es el desencadenante, pero sólo actúa sobre las personas que están predispuestas a padecerla', añade el psiquiatra.
Por estos motivos, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid eximió, en marzo de 1997, al Ejército de cualquier responsabilidad en la enfermedad de José Vicente. Este tribunal consideró que el recluta ya estaba enfermo cuando se alistó.
Pero ahora, los magistrados del Supremo consideran que José Vicente sólo puede considerase enfermo desde el momento en que sufrió el 'brote esquizofrénico'. Por ello, en su sentencia, que no admite recurso, establecen que el recluta 'no padecía enfermedad alguna antes de su ingreso' y que, además, la esquizofrenia 'fue contraída con las actividades del servicio militar'. 'Es la primera vez que un tribunal responsabiliza al Ejército por la aparición de la esquizofrenia en un soldado', destaca el abogado de la familia, Alberto Pérez Hernanz. 'En casos parecidos, los tribunales daban siempre la razón al Ejército, y las familias se encontraban solas ante este drama. Son chavales jóvenes que no han trabajado nunca y que, por ello, sólo pueden cobrar la pensión no contributiva [258 euros] en caso de invalidez', explica el letrado.
La mili de José Vicente fue de aquellas que prefieren olvidar quienes las han pasado. El recluta no se lo relató a sus padres, pero sufrió dos accidentes: uno durante un salto con paracaídas y otro en un turno de limpieza, sin contar los 75 días de calabozo. Ahora, los jueces creen que el Ministerio de Defensa debe compensarle por las consecuencias.
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