Juicio contra 18 extranjeros acusados de explotar como esclavos a inmigrantes

La Audiencia de Madrid inicia hoy un macrojuicio contra 18 personas, todas extranjeras, acusadas de traer ilegalmente a España a inmigrantes ucranios a los que luego secuestraban y sometían a un régimen similar al de la esclavitud. Es una de las primeras vistas que se celebran en Madrid contra una red de esta envergadura en aplicación del artículo 318 bis, del nuevo Código Penal, que castiga con cárcel a quienes atentan 'contra los derechos de los ciudadanos extranjeros'. El fiscal pide penas de entre 4 y 16 años de cárcel por tráfico ilegal de trabajadores, secuestro y amenazas.

Las víctimas eran traídas en autobús desde Ucrania a Madrid y encerradas en casas del extrarradio de la capital bajo permanente vigilancia; luego, sus servicios eran alquilados a latifundistas andaluces para trabajar en el campo. Sus salarios como braceros se los quedaban casi íntegros los miembros de la organización.

Una investigación desarrollada por el Juzgado de Instrucción número 44 de Madrid, con pinchazos telefónicos y grabaciones en vídeo, ha permitido ahora sentar en el banquillo a los 18 supuestos autores de estas tropelías, muchos de ellos de nacionalidad ucrania. En síntesis, y según el relato provisional de los hechos elaborado por la fiscalía de Madrid, los acusados actuaban de la siguiente forma.

Siete de los reos, entre ellos su supuesto cabecilla, Serghi Blonskyy, contactaron a finales de 2000 con la agencia ucrania Alvion con el objeto de 'favorecer la inmigración ilegal de ciudadanos ucranios y de otros países de Europa del Este en territorio español'. Era esa agencia, según el fiscal, la que 'captaba a los trabajadores' y la que los metía en un autobús y los enviaba a España a cambio de unos 660 euros. La agencia les cobraba este dinero por organizarles el viaje y prepararles los visados. Alvion comunicaba a los miembros de la organización el día y la hora de llegada a Madrid de los autobuses. Nada más pisar la capital española, los acusados exigían a sus víctimas 'diversas cantidades' de dinero y les alojaban en casas de Móstoles, Alcorcón y Leganés. Unos y otros 'se ponían de acuerdo' para retener los pasaportes de los inmigrantes y vigilarlos, con el fin de que 'no se marchasen'. Sólo en Leganés disponían de siete casas.

Los inmigrantes traídos ilegalmente a España eran retenidos en las casas que la organización tenía en municipios madrileños hasta que se les encontraba un trabajo, habitualmente en el campo. A un empresario de Jaén le proporcionaron, por ejemplo, siete inmigrantes como mano de obra. Éstos iban de casa al tajo y viceversa, pero siempre vigilados por si trataban de huir. 'Serghy Blonskyy, Igor Ivanets y Ahmet Yabash se encargaban de retener a los trabajadores y de cobrar [por ellos] sus salarios', que percibían directamente del dueño de la explotación agrícola, detalla el fiscal en su escrito.

Varios miembros de la organización se dedicaban también a extorsionar, con amenazas de muerte, a inmigrantes ucranios residentes en Madrid. En el escrito del fiscal figuran al menos tres personas y sus familias, hoy protegidas, a las que los acusados exigieron cantidades de dinero a cambio de no causarles daño.

Las denuncias de cuatro de las víctimas (a quienes el juez otorgó la condición de testigos protegidos) han permitido desmantelar esta organización. El fiscal ha pedido que la policía aporte la cinta de vídeo que tiene grabada con escenas de extorsión, así como conversaciones telefónicas pinchadas a la organización.