El Partido Socialista Europeo anula su cumbre en Sevilla por los problemas derivados de la huelga
La huelga general está empezando a crear los primeros problemas serios en los actos vinculados a la cumbre europea que se celebrará en Sevilla el 21 de junio. El Partido Socialista Europeo (PSE) decidió ayer anular la tradicional cumbre de sus líderes europeos, prevista para el día 20, a la vista de los cambios logísticos que han tenido que realizar a última hora. La reunión se ha aplazado sin fecha determinada.
El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, como anfitrión, ya desaconsejó días atrás la celebración del encuentro de los líderes socialistas por 'dificultades técnicas' en una carta que envió al presidente del PSE, Robin Cook. A la reunión estaba prevista la asistencia, entre otros, de los primeros ministros británico y alemán, Tony Blair y Gerhard Schröder.
El Partido Popular Europeo mantiene, de momento, su cita del día 20, a la espera de ver cómo evolucionan las cosas. 'Estamos estudiando aún distintas posibilidades, en función de las infraestructuras disponibles', indicaron fuentes populares españolas.
Al margen de la cumbre de Sevilla, el PSOE inició ayer una campaña informativa sobre el decretazo del paro. Los socialistas repartirán 300.000 folletos con los efectos que considera más perniciosos de la reforma. Sus líderes participarán desde hoy hasta el día 20 en numerosos actos públicos por las diferentes provincias españolas para abundar más en las críticas al modelo de desempleo del Partido Popular. Los socialistas han elegido el periodo previo a la huelga, pese a que su secretario de Organización, José Blanco, insistió en desvincular a su formación de la huelga: 'Ni la promovemos ni la apoyamos', señaló rotundo.
El decretazo del Gobierno 'no tiene nada que ver con la creación de empleo', según Jordi Sevilla, responsable de Economía del PSOE. Para argumentarlo, el partido enumera los cambios que vaticina en el mercado laboral a raíz de la nueva normativa: recorte de las prestaciones a los parados más desfavorecidos, abaratamiento del despido y de los costes salariales y discriminación a Andalucía y a Extremadura, por los cambios en el subsidio agrario.
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