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El ex juez Forteza niega a la instructora ser autor de los escritos que le acusan de estafar a presos

El Colegio de Abogados de Valencia estudia actuaciones contra el ahora letrado

El ex juez Guillermo Forteza declaró el miércoles ante la magistrada Pilar Maeso, a cargo del Juzgado de Instrucción número cinco de Valencia, en relación con las acusaciones de estafa que varios reclusos presentaron contra él, que ejerce ahora de letrado. Forteza, según explicó ayer en su despacho de Valencia, negó a la juez cualquier actuación que pudiera ser calificada de delito de estafa y cohecho, afirmó que nunca firmó documento alguno comprometiéndose a la obtención de progresión de grado y rechazó ser autor de los escritos que obran en poder de la juez.

Guillermo Forteza sigue trabajando en su despacho de Valencia a la espera de la decisión de la juez. El pasado miércoles declaró ante la magistrada y, según explicó ayer el ex juez que ahora ejerce como abogado, le aportó la documentación que justifica las minutas supuestamente excesivas, negó haber firmado ninguno de los documentos que parecen acreditar que prometía la progresión de grado o la libertad valiéndose de su relación personal y directa con el ex juez de vigilancia penitenciaria de Castellón y Valencia Ernesto Alberola. Además, Forteza dijo: 'Nunca he pagado a Alberola, es una soberana estupidez pensar que un magistrado acepte dinero y máxime una cantidad absolutamente irrisoria'.

Forteza aclaró que los presos que le acusan presentaron las quejas en el Colegio de Abogados de Valencia: 'Y sin investigar nada ni llamarme siquiera las trasladaron a la fiscalía'. Y agregó: 'El fiscal jefe, Enrique Beltrán, debía haber abierto diligencias informativas penales, que para eso lo establece la ley, y haberse puesto en contacto conmigo, como mínimo, para preguntarme qué tengo que decir al respecto. No lo hizo y directamente pasó los expedientes al Decanato de los Juzgados. Ésa no es la actuación que le corresponde, él debería investigar algo al menos'.

El ex magistrado, tras la declaración, espera la decisión de la juez: dar traslado de nuevo a la Fiscalía para abrir diligencias o archivar. A pesar de que Forteza minimizó el valor de los documentos, en el expediente se acumulan recibos con cantidades parciales, la mayoría entregas de 1.502 euros (250.000 pesetas), cobros con una periodicidad quincenal mayoritariamente, que alcanzan minutas de 3.600 euros (600.000 pesetas) a 30.000 euros (cinco millones de pesetas). En esos documentos aparecen como concepto las gestiones para la consecución de progresiones de grado y libertad y en varios no sólo se garantiza sino que, según fuentes del caso, se alude al ex juez de vigilancia penitenciaria como valedor gracias a la relación 'directa y personal'.

Forteza apela a la nula credibilidad que pueden tener presos que acumulan historiales delictivos 'de robos sobre todo' y afirma: 'Nunca he firmado un papel garantizando nada ni implicando a Ernesto Alberola. Si me hubieran preguntado lo hubiera aclarado y no estaríamos así ahora. Esto es el fruto de una animadversión personal del fiscal jefe hacia mí que no le dio resultado en 1998, cuando me pidió cinco años de prisión y la sección cuarta de la Audiencia Provincial me condenó a una multa de 150.000 pesetas. Nunca cometí aquel delito de intento de estafa'.

El Colegio de Abogados de Valencia, que remitió las quejas de los presos porque la supuesta estafa ocurrió en Picassent y el establecimiento penitenciario es del partido judicial de Valencia aunque Forteza está colegiado en Alzira, estudiará si se persona en la causa cuando la magistrada decida si traslada de nuevo al fiscal la documentación y se abran las diligencias. Fuentes de la institución entienden que ha habido irregularidades en la actuación de Guillermo Forteza como abogado y que además de las quejas por las que el ex juez declaró el pasado miércoles ha habido otras que no prosperaron por falta de pruebas pero que apuntaban en el mismo sentido.

Forteza insiste, además, en que no existe ningún indicio para acusarle de cohecho, 'lo que pasa es que el ex juez Alberola era muy sensible a los derechos de los presos y Beltrán y el fiscal de vigilancia penitenciaria no lo son'.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 31 de mayo de 2002