Las asociaciones de jueces atribuyen las quejas del Gobierno a que no ha leído el auto

Las tres asociaciones de jueces han coincidido en su rechazo a las críticas del Ejecutivo a la interpretación jurisdiccional realizada por la Sala Penal del Supremo, que ha desestimado la querella del fiscal contra el dirigente de Batasuna Arnaldo Otegi, por gritar en Francia 'gora Euskadi ta Askatasuna' ('viva Euskadi y Libertad'). Los portavoces de esas asociaciones atribuyen las críticas gubernamentales a no haber leido o entendido el auto del Tribunal Supremo.

Vicente Magro, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria y conservadora, manifestó que 'tales declaraciones u opiniones [tras serle leídas las del presidente del Gobierno, José María Aznar, y del ministro de Justicia, Ángel Acebes] desconocen la resolución del Supremo, que no plantea lo que ellos critican'. Magro se negó a 'entrar a valorar al Ejecutivo', pero atribuyó dichas declaraciones a 'la mezcla de conceptos'. Según explicó el portavoz de la APM, la resolución del Supremo 'se pronuncia sobre la territorialidad de un determinado delito, por lo que no plantea ningún problema sobre su existencia'. Añadió que 'la interpretación del Supremo no afecta al principio de legalidad, ya que no se refiere al delito de apología del terrorismo, sino a su aplicación territorial'.

En la misma línea, Miguel Carmona, portavoz de la asociación progresista y minoritaria Jueces para la Democracia, explicó así la confusión gubernamental: 'Una cosa es el Código Penal en el orden interno respecto a los delitos de terrorismo y otra es la definición de la competencia española para perseguirlos, realizada por el Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo, que concreta la extraterritorialidad. Además, debe de comprenderse que los tribunales están para aplicar las normas, en este caso respecto a la aplicación de la jurisdicción española en delitos cometidos en el extranjero'.

Por parte de la asociación judicial moderada Francisco de Vitoria (FV), Carlos Granados, tras reconocer que 'toda resolución es susceptible de interpretaciones desde distintos criterios', aconsejó: 'Hay que leerse los razonamientos de la Sala'.

Cristina Cadenas, portavoz también de Francisco de Vitoria, recordó: 'Aunque al Gobierno no le parezca bien que, a pesar de figurar la apología entre los delitos de terrorismo, no se haya admitido la querella, las interpretaciones de las leyes, guste o no guste, tienen que hacerlas los jueces, con especial criterio restrictivo las leyes penales. Lo importante es el razonamiento judicial, en lo que Perfecto Andrés [ponente] es muy meticuloso'.