Interior no ha consultado a otras comunidades el envío de africanos de Canarias

Ninguna comunidad autónoma ha acordado con el Gobierno la acogida de inmigrantes procedentes de Canarias. En las últimas semanas, varias autoridades de las islas afirmaron que habían acordado con el Ministerio del Interior dar cobijo a un máximo de 1.500 y que a partir de ese número serían derivados a la Península. El Defensor del Pueblo considera imprescindible que cualquier traslado cuente con el visto bueno de las administraciones receptoras.

Durante la semana pasada, los gobiernos de Andalucía y de Castilla-La Mancha rechazaron la posibilidad de recibir a los inmigrantes que desbordan a las instituciones canarias. Desde Sevilla, Manuel Chaves recordó que la autonomía que preside ya tiene suficientes inmigrantes irregulares, y calificó el acuerdo entre el Ejecutivo central y el canario de 'no pensado, no madurado y no reflexionado'. El consejero de Bienestar Social de Castilla-La Mancha también lo rechazó de plano: 'El Gobierno hizo la Ley de Extranjería sin contar con la opinión de los otros partidos y ahora debe aceptar sus malos resultados'.

Por el momento, ningún gobierno autónomo ha recibido peticiones del central o del canario para acoger a los irregulares llegados al archipiélago, según un rastreo efectuado por la agencia Europa Press. Ello implica que el Ministerio del Interior aún no ha puesto en marcha el plan que ha anunciado o que piensa activarlo de forma secreta.

Esta última posibilidad tendría graves implicaciones legales. En su informe contra el traslado de 200 indocumentados realizado por el alcalde de Las Palmas y presidente del PP en el archipiélago, José Manuel Soria, el Defensor del Pueblo advierte de que 'cualquier actuación similar no se efectúe en tanto no se haya producido una evaluación del proyecto por los servicios sociales' y no hayan sido 'contactados o prevenidos los responsables de los servicios sociales de las comunidades receptoras o las autoridades de otras administraciones radicadas en aquéllas'. Además aconseja la 'búsqueda de métodos flexibles y adecuados de convergencia que disminuyan la conflictividad entre administraciones'.