La ética de la huelga general del 20-J

'Tendrás que escribir sobre la huelga general', me dijo un amigo. 'Al fin y al cabo, se supone que estamos ante un enfrentamiento que tiene una profunda dimensión ética...'

No tenía ganas de escribir sobre ese tema. Los estudios sobre el aspecto moral de la huelga suelen tener en cuenta la situación de unos trabajadores vejados y maltratados, cuyos derechos básicos son ignorados y menospreciados por empresarios prepotentes, hasta el punto de que no les queda otra vía que adoptar acciones de fuerza para hacer oír sus reivindicaciones. Y, la verdad, me cuesta ver ese sombrío panorama en la situación que ha dado lugar a la convocatoria de la huelga general del 20-J.

'¿Cómo?', me dice el lector, airado. '¿Te parece justo que pisoteen el derecho a recibir el seguro de desempleo?'.

La convocatoria sindical no se trata, en su raíz, de un problema ético, sino de defensa de intereses

No me parece que estemos tratando de un tema de justicia, al menos si se entiende por tal lo que decían los clásicos: la disposición habitual de dar a cada uno lo suyo. Entiendo que la sociedad adquiera el compromiso de impedir que sus ciudadanos se mueran de hambre cuando pierdan su empleo y que esto sea un deber de justicia. Pero las discusiones sobre si se pueden rechazar tales o cuales ofertas de empleo sin perder el derecho a la prestación no me parece que tengan nada que ver con la justicia.

Por eso no quería escribir sobre la huelga general del 20-J: porque en su raíz no se trata de un problema ético. Lo cual no es de extrañar: un sindicato es una asociación de trabajadores para la defensa de sus intereses. Algunos de esos intereses tienen que ver con la justicia, pero otros son simplemente eso, intereses que ellos defienden, frente a los intereses de los demás ciudadanos.

Y porque, además, en este caso no se puede decir que los sindicatos defiendan los derechos de los trabajadores frente a los empresarios, porque éstos no tienen nada que ver con la huelga, que es, en definitiva, un enfrentamiento de trabajadores sindicados (es decir, con empleo) con el Gobierno, por los criterios con los que se repartirán unos fondos para la protección de los desempleados.

Claro que el tema es importante para los sindicatos, pero por razones no de justicia, sino de estrategia. Debilitar el seguro de desempleo significa reducir su poder de negociación. Porque una menor cobertura, duración o generosidad del seguro de paro significa que los parados tendrán que volver con más rapidez al mercado de trabajo, lo que resta eficacia a las posibles acciones de fuerza de los sindicatos frente a las empresas, tanto en cuestiones de salarios o jornada como en la tan discutida flexibilización de las condiciones de trabajo, etcétera. Estamos, pues, ante un problema de reparto de poder. De ahí la reacción airada de los sindicatos -yo reaccionaría igual, probablemente, si estuviese en juego mi cocido-. Pero, insisto, me parece que ahí no hay una cuestión de justicia. Puede haberla, sí, para algún parado concreto, al que la nueva ley le pueda causar un perjuicio considerable e injusto. Pero esto no justifica una acción de fuerza como es una huelga general.

Hay, sin embargo, otro as-

pecto ético que, puestos a hablar del tema, me parece que no debo omitir. Una huelga, y más una huelga que se supone que va a afectar a toda la actividad productiva del país, está llamada a ser una profunda perturbación de la vida y de los derechos de los ciudadanos. Ésa es su razón de ser, y ahí radica la clave de su éxito -lo que explica el uso de la fuerza: los piquetes, las amenazas, etcétera.

Pero una norma elemental de la ética es que no se debe causar mal a otros si no hay razones muy, pero que muy profundas -aparte de otras condiciones, en las que aquí no voy a entrar.

Y como no veo esas razones, me temo que se vaya a hacer daño a muchas personas para la promoción de unos intereses particulares -defendidos, es verdad, por unas instituciones, los sindicatos, que tienen una función relacionada con el bien común, función que, en este caso concreto, me parece que no ejercen.

'Estás profundamente equivocado', me dice el lector, 'porque la huelga general es constitucional'.

Sí, ya lo sé. Pero esto no la hace éticamente correcta. La ley reconoce el derecho de los ciudadanos a llevar a cabo determinadas acciones, pero no ofrece criterios sobre la moralidad de éstas -debería ofrecerlos, es verdad, pero no los ofrece.

La huelga del 20-J, no me cabe duda, es legal. Pero la ética no coincide con la legalidad. Lo cual es una suerte: un ciudadano libre tiene -debe tener- el derecho a no querer actuar de acuerdo con una ley que va contra su conciencia.

Y una desgracia porque, por la fuerza coactiva del Estado, le pueden obligar a actuar de acuerdo con la ley pero en contra de su conciencia.

Antonio Argandoña es profesor del IESE.