El gerente de Netcoat, primer condenado en Lleida por delito ecológico

Josep Maria R. R., gerente de la empresa familiar Netcoat de Alcoletge (Segrià), dedicada al decapado de aluminio, se ha convertido en la primera persona condenada en Lleida por un delito ecológico desde la entrada en vigor del nuevo Código Penal. El empresario fue denunciado por un vertido de residuos contaminantes junto a una fuente. La sentencia lo condena a seis meses de inhabilitación para ejercer su actividad profesional y a una multa de 900 euros.

En la vista oral celebrada ayer en el Juzgado de lo Penal número 2 de Lleida, el acusado, para quien el fiscal solicitaba inicialmente un año y medio de prisión y una multa de más de 3.600 euros (unas 600.000 pesetas), se conformó con una pena de seis meses de inhabilitación para ejercer su actividad profesional y una multa de 900 euros, y acto seguido la magistrada dictó una sentencia condenatoria en los mismos términos.

Los hechos se remontan al mes de agosto de 1999, cuando el Ayuntamiento de Balaguer denunció la presencia de 15 sacos que supuestamente contenían sustancias nocivas para la salud junto a la fuente de El Cazador. Las posteriores investigaciones realizadas por agentes rurales, con competencias en medio ambiente, determinaron que los residuos procedían de la empresa Netcoat, situada en la localidad de Alcoletge. A los pocos días aparecieron otros 7 sacos idénticos junto al río Segre a su paso por el término municipal de Menàrguens.

Un informe elaborado por la Junta de Residuos de la Generalitat indicaba que los residuos contenían plomo y zinc, dos sustancias consideradas muy peligrosas y perjudiciales para la salud pública, ya que en contacto con el agua producen lixiviados que se filtran en la tierra y contaminan los acuíferos.

A preguntas del fiscal, el acusado explicó que ignoraba cómo fueron a parar los 22 sacos al lugar en el que fueron encontrados pero que como gerente de la empresa asumía la responsabilidad correspondiente. 'Por desidia o por lo que sea, la culpa es mía', dijo Josep Maria R. R. No obstante, el fiscal del caso, que rebajó la calificación penal al no poder demostrar que el acusado fuera el autor material del vertido, mantuvo la acusación por un delito contra el medio ambiente por imprudencia grave y falta de control.