Un hotel en el Parque de Cazorla

Hace algunas semanas nos congratulamos todos los andaluces al leer la noticia de la demolición de un hotel construido ilegalmente en Zahara de los Atunes.

Cuando aún no nos habíamos repuesto de la noticia -que la Junta de Andalucía exigiera el cumplimiento de la legalidad urbanística- de nuevo otra noticia, esta vez del Parque Natural de Cazorla, declarado por la Unesco Reserva de la Biosfera, nos remitió a la realidad de nuestra tierra: el constante abuso de los recursos naturales públicos y la impunidad de quienes los perpetran.

Al hotel de Zahara de los Atunes le ha salido un hermano gemelo en el Parque Natural de Cazorla, exactamente en la cabecera del Valle del Guadalquivir, en la finca denominada Coto del Valle, propiedad indivisa de la Junta de Andalucía y de un particular. Y no es que en esta plataforma ecologista estemos en contra del desarrollo económico de la zona, sino que lo que pretendemos es denunciar las agresiones al medio ambiente y la vulneración de la ley.

El terreno sobre el que se alza el hotel es de dominio público andaluz y fue expropiada la mitad indivisa del mismo por la Junta, en aplicación de lo dispuesto en la Ley de Protección de los Espacios Naturales, en atención a ciertas causas de utilidad pública que, precisamente, tenían que ver con la protección del medio ambiente y no con ninguna finalidad de explotación hotelera. No se entiende, si no, cómo un particular puede construir sobre dominio público. La Junta calla.

Además, el hotel en cuestión se halla construido en suelo no urbanizable de especial protección, según calificación que del mismo hace el Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Parque Natural y las normas subsidiarias del municipio de Cazorla, a cuyo término pertenece sin que, según el artículo 20 de la ley 6/1998 de 13 de abril (Ley del Suelo), quepa otro destino que 'el agrícola, forestal, ganadero cinegético u otras a la utilización racional de los recursos naturales' y, no obstante el informe desfavorable de la Diputación Provincial de Jaén, la Junta autoriza su construcción.

Pero no es ella quien concede la licencia ya que es competencia municipal, sino el Ayuntamiento de Cazorla. Y lo hace sibilinamente, mediante el silencio administrativo, olvidando que, como dice el artículo 242.6 del T.R. de la Ley del Suelo de 1992, 'en ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo licencias en contra de la legislación o del planeamiento urbanístico'.