El fiscal del caso de espionaje al PSOE cree que Matas debe ser imputado

El fiscal Miguel Ángel Anadón razonó ayer en una vista de apelación ante la Audiencia de Palma que el ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, debería declarar como imputado ante el Tribunal Supremo para que relate su conocimiento del supuesto espionaje electrónico del correo del actual consejero del PSOE, Francesc Quetglas, en 1998 y 1999. En la época del presunto pinchazo, Matas era presidente de Baleares y Quetglas responsable de Urbanismo del Consejo de Mallorca, en oposición al PP.

Anadón pidió formalmente que se confirme el actual archivo de la causa por revelación de secretos, cumpliendo 'las órdenes expresas' recibidas del fiscal general, Jesús Cardenal, pero inmediatamente se amparó en el artículo 25 del Estatuto Fiscal para legitimar 'en expresión oral', 'a título personal', sus observaciones y convicciones jurídicas distintas, 'fruto del estudio y la reflexión'. El fiscal se amparó en el 'principio de legalidad', sin fracturar su dependencia jerárquica en el ministerio público, para detallar su relato acusador sobre los 'indicios suficientes' de un supuesto 'delito tipificado y penado'.

La junta de fiscalía de Baleares, por unanimidad, apoyó semanas atrás la petición de Anadón de imputar al ministro, pero el juez de instrucción de Palma archivó la causa sin que el fiscal pudiera efectuar sus conclusiones. Cardenal decretó que no se recurriera, pero la acusación particular, el Gobierno de Baleares, Quetglas e IU apelaron contra el carpetazo judicial sobrevenido tras dos años de investigación. En la Audiencia se proyectó una grabación de vídeo de una sesión del Parlamento de Baleares de cuatro años atrás en la que Matas supuestamente exhibió de 'forma ostentosa' los documentos 'internos' que tenía del área de Quetglas, al que aludió como posible fuente de filtraciones.

Después de los tres alegatos de los acusadores, el fiscal Anadón construyó un extenso informe sobre los indicios que en su opinión hacen necesaria la declaración de Matas ante el Tribunal Supremo como aforado, 'manteniendo incólume el principio de inocencia'.

Politización

El abogado de confianza del ministro y del PP, Rafael Perera, rechazó que los hechos constituyan un delito, denostó la politización del asunto y aventuró que si Matas es citado como imputado ante el Supremo se vería obligado a dimitir ante el presidente del Gobierno, José María Aznar, y que éste le aceptaría la renuncia.

'Cualquier otra persona ya habría declarado como imputado', sostuvo Anadón para avalar la eventual imputación de Matas. La fiscalía abrió su abanico acusatorio contra el entorno del ministro al observar indicios relevantes y suficientes de responsabilidad para la imputación de dos asistentes de Matas en el Gobierno: la jefa del gabinete, Francisca Pascual, su secretaria particular en Medio Ambiente, y Sebastián Vallori, funcionario de confianza que filtraba en exclusiva su correo. Pascual tenía todas las claves de los ordenadores del gabinete de Presidencia del Gobierno de Baleares con Matas.

El representante fiscal opinó que era secundario si el correo electrónico de Quetglas fue desviado hasta el de Matas de manera accidental o intencionada, porque hay rastros en las memorias informáticas de que hubo mensajes redireccionados que fueron 'gestionados, almacenados y utilizados'.

El letrado del Gobierno, Gabriel Carcías, indicó que existen 18 puntos sobre el pinchazo 'plenamente acreditados'. El defensor de la víctima, Antonio Diéguez, se remitió a una sentencia condenatoria contra un ciudadano que intentó apoderarse del correo de un vecino y que fue hallado con una mano en un buzón: 'Aquí les han hallado con dos manos dentro del buzón electrónico', dijo. José Valdés, acusador por IU, observó que Matas se había apoderado de manera ilegítima del correo de la oposición y había alardeado de ello.

El ministro portavoz, Pio Cabanillas, dijo ayer en relación con el caso que Matas 'es objeto de una persecución intolerable'.