Los calígrafos ratifican que hubo falsificaciones en la Cámara de Málaga

La séptima jornada del juicio por falsificaciones en las solicitudes de voto por correo a las elecciones de 1998 a la Cámara de Comercio de Málaga se consumió ayer en tomar declaración a tres calígrafos. Todos ratificaron el informe que emitieron en su día, según el cual 'una misma mano' falsificó la mayoría de las firmas utilizando incluso 'el mismo útil de escritura'. No obstante, los técnicos -que declararon en calidad de testigos, no de peritos- admitieron que aquel análisis fue 'superfluo y meramente orientativo' porque para un estudio científico exhaustivo deberían haber contado con más medios. Las defensas de los cinco imputados trataron de demostrar la falta de rigor del informe, que es una de las pruebas del caso. Según la investigación, la mayoría de las firmas falsas detectadas en aquel proceso electoral se concentraban en tres apartados de correos contratados por los acusados.

Sus abogados se esmeraron en el interrogatorio hasta arrancar a los testigos que el informe no era 'científicamente fiable' sino orientativo, y que cotejaron firmas con fotocopias de documentos de identidad, lo que supondría una mayor imprecisión. Además, las defensas insinuaron que la información que les proporcionó la Cámara de Comercio para su informe fue sesgada y que por lo tanto la investigación pudo estar viciada.

En la causa se llegaron a analizar unas 10.000 firmas y a tomar declaración a más de 1.000 personas. En base a esas pesquisas, la Fiscalía pide dos años y tres meses de cárcel, además de una multa de meses a razón de 18 euros diarios por un presunto delito continuado de falsedad en documento oficial para cuatro empresarios, entre ellos el ex vicepresidente de la Cámara, Francisco Repiso. Para el quinto imputado -un notario que dio fe de distintas firmas sin cotejarlas con el DNI original-, el ministerio público reclama cinco años de prisión, otros tantos de inhabilitación y 20 meses de multa a razón de 24 euros diarios. El fiscal pide una pena alta para este acusado porque entiende que su intervención no fue negligente, sino que actuó con plena consciencia.