Olivencia critica la politización de las cajas y defiende la abstención de sus consejeros en los conflictos de interés

Manuel Olivencia, abogado y catedrático inspirador del conocido Código Olivencia -manual del buen gobierno de las sociedades cotizadas- dijo ayer en Valencia que las cajas de ahorros deben funcionar democráticamente, 'pero eso no significa una politización de sus órganos de gobierno'.

El catedrático, que participó en la jornada Protección del Inversor, organizada por la Bolsa de Valencia, apostó por la existencia, también en las cajas, de consejeros independientes, si bien precisó que cuando su presencia plantee un conflicto de interés en el seno de la entidad, el consejero 'debe abstenerse'. El Consell apostó en su última reforma legal de las cajas de ahorros por incorporar a los consejos de administración a destacados empresarios y profesionales, lo que ha levantado más de un recelo en el propio empresariado.

Olivencia enumeró ayer las prácticas que pueden dar lugar a un conflicto de interés. 'No puede hacer uso de información privilegiada [los consejeros, en cuanto que empresarios tienen acceso a información de sus competidores], no puede apropiarse de negocios de los que haya tenido conocimiento gracias a su cargo como consejero y, desde luego, no debe utilizar el activo de la sociedad en beneficio propio', resumió el catedrático. 'Son deberes morales y también jurídicos', apostilló.

Olivencia defendió, por otro lado, la regulación de las cuotas participativas de las cajas de ahorros. 'Es una buena medida de financiación para las cajas, lo cual significa que al no haber derecho político reconocido, no es lícito que se pague otro tipo de retribución', apuntó el promotor del código del buen gobierno. 'El mundo camina hacia los códigos de conducta ética', subrayó el catedrático.

En general, el abogado citó los tres grandes frenos al buen gobierno de una sociedad: 'La concentración de poder en pocas manos, la opacidad en torno a la remuneración de los consejeros, y la concentración de tareas ejecutivas en el presidente'.

Protector del inversor

En la jornada participó también el protector del inversor de la Bolsa de Valencia, cargo que ocupa el abogado Manuel Broseta Dupré. Según Broseta, el mercado de valores valenciano ha tenido pocas reclamaciones desde su creación en septiembre de 2000. Concretamente, el protector admitió dos reclamaciones: una referida a la Oferta Pública de Venta de las acciones de Zeltia y una segunda sobre los pagarés de la Generalitat Valenciana. Los inversores reclamaron porque habían recibido menos acciones de las solicitadas por un defecto de forma en su petición. El protector resolvió a favor de la entidad colocadora pero medió para que las partes alcanzaran un acuerdo.

El segundo caso se refiere a la reclamación de un inversor por la liquidación errónea de un pagaré de la Generalitat efectuada por su entidad bancaria. Ésta retuvo por error al cliente 174.039 pesetas (la entidad calculó sobre el efectivo y no sobre la rentención). Tras la mediación del Protector, la entidad bancaria intentó llegar a un acuerdo ofreciéndole al inversor un préstamo a interés cero hasta que Hacienda le devolviera la retención. El cliente decidió acudir a la vía penal y la reclamación se archivó por desistimiento.