La fiscalía de Córdoba sugiere a los vecinos que se armen y patrullen

En la memoria anual de la fiscalía de la Audiencia de Córdoba se sugiere la posibilidad de valerse de licencias de armas, de vigilancia vecinal y de la contratación de seguridad privada con el fin de reducir el número de delitos contra el patrimonio. Esta posibilidad ha sido rechazada con energía por los representantes locales del Gobierno y del Cuerpo Nacional de Policía, así como por la alcaldesa de la ciudad, Rosa Aguilar (IU), y por las asociaciones de vecinos.

El informe de la Fiscalía dice textualmente: 'El grueso delictivo en Córdoba y provincia lo constituyen los delitos contra el patrimonio. Esa afirmación totalmente comprobada nos obliga a señalar diversos medios de defensa, social y particular, cuya aplicación rigurosa haría descender el nivel delictivo que estamos exponiendo'. El informe continúa: 'Se pueden adoptar medios de defensa, bien de carácter material (licencia de armas, puertas y cristales blindados, detectores de metales, alarmas, instalaciones de circuito cerrado) o de carácter personal (en el propio hogar o barrio, asociaciones de vecinos que ejercen vigilancia), destacando la denominada vigilancia formal, que implica un acto expreso a favor de la defensa privada. Lo más importante de estos medios personales lo representan los vigilantes jurados'.

El fiscal jefe de Córdoba, Narciso Ariza, negó ayer, a través de un comunicado, haber recomendado ninguna de las mencionadas medidas. Lo que se ponía de manifiesto en la memoria, aseguró el fiscal jefe, era 'un elenco de medidas para mejorar la seguridad ciudadana', que se citaban 'sólo a efectos descriptivos' y que 'vienen siendo planteadas en diversos ámbitos de la criminología'.

Ariza desmintió haberse decantado por ninguno de estos procedimientos y se declaró en contra de la concesión indiscriminada de licencias de armas, de las patrullas vecinales y de 'cualquier otro medio de seguridad privada fuera del marco de la más estricta legalidad'. 'En mi dilatada carrera', advirtió, 'he sido un constante y profundo defensor de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, con total respeto del principio de legalidad y honda preocupación en materias tan delicadas como la seguridad ciudadana'.

El fiscal lamentó la agria polémica suscitada por este fragmento de la memoria anual de la Fiscalía, y la atribuyó a 'una posible mala redacción del texto'. Añadió que en ningún momento tuvo la intención de 'sugerir a nadie cómo debe realizar su trabajo'. Con esto respondía a las declaraciones del subdelegado del Gobierno en Córdoba, José Antonio Mancheño, quien declaró tras conocer el informe: 'No creo que ésa deba ser la línea del fiscal ni que él deba decir lo que tenemos que hacer'.

Hasta ayer, Mancheño no había recibido la copia del informe que solicitó a la Fiscalía la semana pasada con la intención de analizar su contenido y determinar si debía elevarlo al Ministerio de Justicia, al de Interior y a la Fiscalía General del Estado.