Adiós barreras, adiós complejos

Montserrat Passolas Oya, una joven de 26 años con síndrome de Down, se ha convertido en el primer caso de integración laboral en la Administración pública en la provincia de Jaén. Esta semana ha empezado su trabajo en prácticas como ordenanza en el Patronato de Asuntos Sociales. Transcurrido ese periodo, Montse optará a un contrato laboral, algo impensable hasta ahora para un colectivo que lucha cada día contra multitud de barreras sociales. De momento, la sombra de Montse es Eva Bocero, una mediadora social que le acompaña para hacer más fácil su acomodo en un organismo con cerca de 1.000 empleados. Pasadas unas semanas, Montse, que atraviesa sola cada mañana la ciudad para acudir a su lugar de trabajo, tendrá que valerse por sí misma, aunque siempre podrá recurrir a Javier, el conserje que la está enseñando.

'El trabajo es fácil y los compañeros son muy amables', comentaba Monts, poco después de recibir ánimos por parte del alcalde de Jaén, Miguel Sánchez de Alcázar. El regidor municipal, que ayer oficializó con la presidenta de la Asociación Provincial de Síndrome de Down, María Dolores Gómez, esta colaboración entre las dos instituciones, dejó incluso abierta la puerta para que más personas con síndrome de Down hagan prácticas en el Ayuntamiento.

El milagro laboral de Montse ha sido posible gracias al programa de formación e integración laboral que lleva a cabo la Federación Española de Instituciones de Síndrome de Down (FEISA) y que, en Andalucía, sólo se aplica en Jaén y Granada. María José Román y Auxiliadora Robles, trabajadora social y psicóloga, son las encargadas de coordinar este programa que, según aseguran, choca con la 'sobreprotección' y la 'falta de autonomía' que los familiares dan a las personas afectadas. 'Les cuesta creer en ellos', añaden. En otras ocasiones, el obstáculo es la legislación española, 'muy avanzada pero con pocas ganas de cumplirla', explica la presidenta de la asociación jiennense.

Aunque el caso de Montse es el primero en la Administración, otros dos chicos llevan ya algún tiempo trabajando en dos empresas de Úbeda. A los que todavía no les ha llegado esa oportunidad pueden seguir trabajando en el taller de artesanía promovido en el seno de la asociación y que no encuentra demasiada receptividad ciudadana a la hora de comercializar sus productos. Sólo los que tienen una minusvalía superior al 65% reciben alguna pensión, otro lastre social que a veces, incluso, sirve de coartada a los sindicatos para cuestionar el acceso al mercado de trabajo de este colectivo.