Opinión
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Las mentiras de la LOU

Jóvenes de IU - 09 may 2002 - 22:00 UTC

Durante el primer semestre del curso hemos vivido una de las mayores protestas universitarias de la democracia, llegando a congregar a más de 300.000 mil personas en Madrid el pasado 1 de diciembre. Estas movilizaciones se centraron en el rechazo a una Ley de Universidades, que suponía un ataque frontal a la Universidad Pública. El rechazo a la LOU no era solamente por su contenido, éste también se fundamentaba en que dicha ley se realizó de espaldas a la universidad, y con una precipitación que buscaba evitar críticas, respuestas y alternativas. La LOU debía de haber sido retirada tras es rechazo generado, ya que es una mala ley que las Universidades Públicas no merecen.

Esta Ley nace de una desconfianza infundada hacia las universidades y sus órganos de gobierno, y supone atentando contra la autonomía de las Universidades. Pero sin duda la principal crítica es que no afronta el mayor problema de las universidades españolas que es la financiación. Comparando cualquier indicador nos encontramos permanentemente en los últimos puestos de los países de la OCDE. Analizando el porcentaje del PIB destinado a educación superior en el Estado Español sólo supone un 0,9% del PIB cuando la media de gasto público respecto al PIB es del 1,3%. (OCDE 1998).

A lo largo de la tramitación de la Ley se han buscado, desde el Ministerio de Educación, falsos o pequeños problemas sobre los que centrar un debate artificial para así ocultar de esta manera la realidad. Uno de estos temas estrella que la Señora del Castillo sacó de la chistera para entretener a la opinión pública ha sido la endogamia, que junto a la elección del rector parecían ser los grandes males de la Universidad. De transmitir esta imagen distorsionada de la realidad universitaria se encargaron, junto a buena parte del Gobierno, un grupo de catedráticos fieles seguidores de la doctrina conservadora del Ministerio.

Después de tanta endogamia, y tantos artículos insultando a la Universidad volvemos al viejo sistema de oposición mediante una habilitación nacional, que será el procedimiento de acceso al cuerpo de funcionarios docentes. Este modelo lo único que puede llegar a garantizar es que han pasado esta prueba, pero no asegura en la persona acreditada la madurez docente e investigadora necesaria. Una vez superada la prueba de habilitación es la Universidad la que decide las plazas que serán provistas mediante concurso de acceso, y será una comisión constituida por cada Universidad la que resuelva el concurso. De esta manera la decisión está exclusivamente en manos de cada Universidad.

Pero la gran paradoja de este sistema es que sólo afecta al 51% de la plantilla, es decir a los profesores funcionarios doctores. El resto de las categorías de profesores, que con la nueva ley pueden ser hasta el 49% de la plantilla, no está sujeto a este "riguroso" sistema al ser profesores contratados.

Suponiendo que los profesores habilitados sean los que mejor conocen su materia, y que estos mismos sean quienes ocupen las plazas en las universidades, esta ley no garantiza la capacidad docente de estos profesores. Pero tampoco garantiza los medios para la formación como docente, ni los recursos materiales suficientes para poder desempeñar la docencia en unas condiciones mínimamente aceptables. Esta ley no soluciona los problemas de docencia existentes en las universidades, ni pone los medios para ello.

Ante las carencias de esta ley, es desde las universidades desde donde se tiene que fomentar la incorporación de las nuevas tecnologías a la docencia, superando el modelo de clase magistral, donde un profesor dicta y l@s estudiantes hacen las veces de copistas. Este reto queda en manos de las universidades, y son éstas las que tienen que impulsar nuevas formas de docencia, más cercanas a la realidad de los países de nuestro entorno. También queda en manos de las universidades el crear e impulsar mecanismos de evaluación de la calidad docente.

La Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación es otra de estas grandes ideas que aparecen en la LOU y que nadie desarrolla con posterioridad. Nada se sabe de esta Agencia, no conocemos sus funciones, su composición, que parámetros de calidad estudiará... solamente conocemos su nombre. Posiblemente termine haciendo rankings de las universidades como si se tratase de un estudio comparativo de coches o lavadoras de los que se publican en las revistas.

Poco podemos esperar del desarrollo de la LOU que realice el Ministerio. Un Ministerio que amparándose en la mayoría parlamentaria ha desoído las propuestas, ha despreciado los argumentos y ridiculizado las expresiones de descontento del conjunto de la comunidad universitaria. Únicamente existe la posibilidad de que los distintos gobiernos autonómicos afronten el desarrollo de esta ley con otro talante, y que las universidades realicen sus nuevos estatutos minimizando y superando el marco establecido por una mala ley que nunca debió ser aprobada.

* Este artículo apareció en la edición impresa del jueves, 09 de mayo de 2002.

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