El PSOE asegura que un nuevo decreto 'acabará' con los pisos protegidos
El diputado socialista Antonio Fernández Gordillo describirá mañana en el pleno de la Asamblea el negro panorama que, a su juicio, se cierne sobre la vivienda protegida en los nuevos barrios que se están construyendo en las afueras de la capital (Sanchinarro, Montecarmelo, Las Tablas, nueva zona de Carabanchel y ensanche de Vallecas). Según Fernández Gordillo, un decreto aprobado el pasado marzo por el Gobierno regional 'acabará' con los pisos protegidos que está previsto construir en estas zonas (alrededor de 25.000 viviendas). El Decreto 45/2002, de 14 de marzo, exime a los propietarios del suelo destinado a vivienda protegida de revenderlo a un coste restringido.
Según el parlamentario socialista, esto repercutirá en el precio del suelo, que a su vez variará el coste de los pisos, de tal manera que no se pueda vender ni una sola vivienda protegida en estos nuevos barrios.
Diversos cooperativistas vinculados con la izquierda han denunciado repetidamente que el suelo de los nuevos barrios se vende ya a un precio que, de hecho, hace imposible construir vivienda pública. Un piso protegido de 110 metros cuadrados debe venderse, por ley, por 120.200 euros (alrededor de 20 millones de pesetas). Sin embargo, en el mercado libre, una vivienda de esta superficie en alguno de estos nuevos barrios ya se ofrece por cerca de 40 millones de pesetas.
'Muchos favores'
'A las grandes constructoras, que son además propietarias de gran parte del suelo, se les hicieron, por parte de este Gobierno regional, muchos favores: primero se les concedió un préstamo de 86 millones de euros en unas ventajosísimas condiciones a fin de que llevaran a cabo las obras de urbanización. Ahora, mediante este decreto, se les permite que vendan el suelo al precio de mercado, con lo que ellas harán un gran negocio y los ciudadanos se quedarán sin viviendas protegidas', añade el parlamentario del grupo socialista.
Un portavoz de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes aseguró que la intención del decreto 'es precisamente la contraria de la que denuncia el diputado del PSOE'. 'Se redactó para impedir que los promotores, amparándose en que los precios del suelo han subido mucho, argumenten que no pueden construir vivienda protegida. Ahora, sea cual sea el precio al que venden el suelo, deberán levantar los pisos protegidos previstos', explicó. Además, este portavoz añadió que en el polémico decreto se incluye una disposición 'que obliga a los constructores a vender los pisos protegidos al precio marcado por la ley aunque hagan reformas que encarezcan los acabados'.
Fernández Gordillo califica de 'barbaridad' la explicación de Obras Públicas. 'Lo único claro', dice, 'es que con este decreto el Gobierno regional mira para otro lado a la hora de gestionar las viviendas públicas de los nuevos barrios'.
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