EU propone que el DOGV publique la declaración de bienes de los cargos públicos

El grupo de Esquerra Unida en las Cortes Valencianas presentó ayer una proposición de ley cuya aprobación obligaría a todas aquellas personas que ocupan cargos públicos a presentar pública declaración de intereses, actividades, bienes y rentas en aras de 'avanzar en la transparencia de la gestión pública'. Estos datos serían publicados en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) en el plazo de un mes a partir del nombramiento y del cese en el cargo y recogería las actividades laborales, económicas o profesionales ejercidas en los cinco años anteriores, incluidas las correspondientes a cargos públicos sin retribución.

La propuesta de EU asegura que 'las irregularidades e incluso los delitos de algunos' han generado un 'clima general de demérito de la ocupación política que es necesario cambiar con urgencia', y añade que esto se podría lograr si la ciudadanía tuviera acceso directo a una información que permitiera 'controlar' que la política no tiene 'como objeto ni como consecuencia el enriquecimiento particular de quien la ejerce'. La aprobación de este ley permitiría 'garantizar la transparencia' de la actividad política y, según el portavoz de EU, Joan Ribó, haría, 'si no imposibles, sí más difíciles casos que están en la mente de todos', en referencia a los ex consejeros populares Luis Fernando Cartagena y José Emilio Cervera.

Todos a declarar

La iniciativa de EU obligaría a todos los cargos públicos de la Administración autonómica: el presidente de la Generalitat, los vicepresidentes, los consejeros y subsecretarios, los secretarios generales y los directores generales, así como a los presidentes y directores de los entes y organismos dependientes de la Generalitat y los de empresas públicas en las que la participación de aquella en el capital social sea igual o superior al 50%. También los diputados autonómicos estarían obligados a presentar la declaración. Por su parte, los presidentes de Diputación y diputados provinciales, los alcaldes y los concejales tendrían el derecho a publicar voluntariamente en el DOGV sus declaraciones correspondientes.

Los cónyuges de todos ellos también tendrían derecho a esta declaración, en la que se harían constar la participación en el capital de toda clase de empresas y sociedades, las empresas que dirigen, han dirigido, administrado o asesorado, y las actividades desarrolladas en representación de la Administración autonómica y la dirección de organismos de capital público.

La iniciativa de EU, que ha seguido el modelo que ya se aplica en Castilla-La Mancha, prevé que, en caso de que se encuentre una 'manifiesta inexactitud' en una de estas declaraciones, se inicie una inspección, y que, si se aprecia infracción constitutiva de delito, se dé cuenta de ello al ministerio fiscal. También prevé un régimen de sanciones. Ribó consideró que su propuesta 'es inatacable, a no ser que se tengan cosas que esconder', por lo que pidió al PP que la apoye en las Cortes.