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COLUMNA

Impunidad

De nuevo, la Fiscalía del TSJ de Andalucía sorprende por su apuesta a favor de la modificación de determinadas leyes. La semana pasada se conocía que se había pronunciado a favor de la modificación parcial de la Ley de Extranjería, en un intento de proteger a las madres inmigrantes. Esta semana, como si se tratara de una Memoria por entregas, se conoce que reclama una regulación legal para el mobbing. Son planteamientos llamativos. Sin embargo, aun siendo llamativos por su apuesta a favor de cambios de contenido social, resulta más sorprendente que admita, aun con ciertas justificaciones, que existe impunidad en materia de siniestralidad laboral.

Esta sinceridad, en un tiempo en el que quienes tienen cargos de responsabilidad siempre están cantando las alabanzas de su buen hacer, permite una actuación que puede corregir esta situación.

Es posible, tal como se reconoce en la Memoria, que la convivencia de distintos cuerpos normativos -civil, administrativo y penal- que dan diversas respuestas en los casos de incumplimiento de las normas de prevención, sea un factor que no ayude a frenar el avance de la siniestralidad. También la falta de un protocolo de actuación y el hecho de que la Inspección de Trabajo mantenga una doble dependencia entre Ministerio de Trabajo y Junta de Andalucía.

En cualquier caso, se deba a unas u otras circunstancias, lo que está claro es que la Fiscalía dice que hay impunidad. Un reconocimiento que implica que el derecho penal sancionador imprescindible para frenar las altas cotas de accidentes laborales no está siendo eficaz. Una realidad que también han puesto de relieve los agentes sociales con motivo de la celebración del Día Internacional de la Seguridad en el Trabajo.

No sé si este reconocimiento es bastante para justificar una comparecencia en el Parlamento, donde la Fiscalía explique las razones que impiden la aplicación de la ley y aporte soluciones. En cualquier caso, sean o no bastantes, no está mal recordar que el artículo 17.2 del Estatuto de Autonomía responsabiliza a la comunidad andaluza de la ejecución de la legislación laboral y de la prevención de riesgos profesionales. Una responsabilidad que se compadece mal con la impunidad penal.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 4 de mayo de 2002