Retenidos en Barajas 70 africanos procedentes de Johanesburgo

Unas 70 personas con pasaporte angoleño, que el martes llegaron a Madrid en el vuelo de Iberia procedente de Johanesburgo, permanecen retenidas por la policía en la sala de no admitidos del aeropuerto de Barajas. Una veintena de ellas ha solicitado asilo político. En el grupo hay cinco mujeres embarazadas y varios niños, según relató por teléfono uno de los retenidos.

Los subsaharianos llegaron a Madrid en el vuelo de Iberia procedente de la capital de Suráfrica, que aterriza en Barajas a las 6.50 horas. Aunque todos presentaron pasaportes angoleños, también hay entre ellos ciudadanos de la República Democrática del Congo.

Uno de los retenidos relató que había huido de la capital congoleña, Kinshasa, porque estaba 'completamente amenazado' en su país. Desde Kinshasa se desplazó a Luanda, en Angola, donde compró un pasaporte falso, con un visado para viajar a Portugal, por 130 dólares (144 euros). Luego viajó hasta Johanesburgo, en la República Surafricana. Allí adquirió un billete de avión por 1.204 dólares (1.338 euros).

Aunque el vuelo de Iberia finalizaba en Madrid, muchos pasajeros tenían intención de seguir viaje hacia Oporto, Lisboa y París. Sin embargo, en Barajas la policía les esperaba en la puerta del avión. 'Nos dijeron que para entrar en España era necesario tener una determinada cantidad de dinero y presentar una reserva de hotel. Ahora nos han comunicado que están estudiando nuestros informes para ver las posibilidades que tenemos de ser documentados aquí'.

El director del aula de inmigración del Colegio de Abogados de la capital, Fernando Oliván, como la presidenta de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Delia Blanco, coinciden al señalar que tanto la República Democrática del Congo como Angola son países cuyos ciudadanos tienen posibilidades de pedir asilo político.

Los trámites del asilo

Los inmigrantes no admitidos y peticionarios de asilo que llegan al aeropuerto de Barajas son trasladados a la denominada Sala 3, que está situada en la zona de tránsito internacional del aeropuerto y permanece custodiada por agentes del Cuerpo Nacional de Policía. Allí son atendidos por asistentes sociales y tienen derecho a asistencia letrada gratuita.

Cuando un ciudadano extranjero solicita asilo político, su petición es comunicada a la Subdirección General de Asilo para que inicie los trámites administrativos. Los funcionarios comienzan el estudio del expediente del peticionario y también emite un informe al respecto el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

En un periodo de tres días, adoptan una resolución, que puede ser tanto la admisión a trámite de la petición como su denegación.

En el supuesto en el que la solicitud sea denegada, el demandante puede requerir un nuevo examen de su caso, que es estudiado en un plazo de dos días y, agotado ese plazo, si la admisión a trámite de la petición es rechazada se aplica la Ley de Extranjería, lo que puede llevar al retorno del solicitante a su país de origen o a su entrada en España por razones humanitarias.

Este último camino fue muy utilizado a lo largo del último año por inmigrantes cubanos que hacían escala en viaje hacia Moscú, a los que el Gobierno entregaba un documento que les permitía residir legalmente en España durante 60 días. Si en ese plazo no lograban regularizar su situación, eran amenazados con la expulsión. Ésta difícilmente se consumaba, pues transcurridos los dos meses la mayoría de los cubanos habían pasado a engrosar las bolsas de irregulares que se desplazan por el país. Finalmente, el Gobierno decidió exigir visado de tránsito a todos los viajeros procedentes de La Habana.