Viera advierte de que la cogestión del PER debe incluirse en el traspaso de las políticas activas, que se discute hoy

Representantes del Gobierno central y la Junta de Andalucía se reúnen hoy en un encuentro convocado por el Ministerio de Administraciones Públicas para analizar las diferencias técnicas en las que se escuda el Ministerio de Trabajo para no dar el visto bueno al traspaso de las políticas activas de empleo a Andalucía. La Junta se sentará a negociar pero sostiene que ya se alcanzó un acuerdo técnico con Trabajo en marzo del año pasado. El consejero de Empleo, José Antonio Viera, advirtió ayer de que la negociación debe basarse en los términos del pacto de marzo de 2001, que incluía la cogestión entre las dos Administración de los 120 millones de euros anuales con los que está dotado el Plan de Empleo Rural.

Este plan, que inyecta en los pueblos andaluces financiación estatal para sufragar obras de infraestructura y permitir sumar peonadas a los jornaleros para acceder al subsidio agrario, ha sido uno de los escollos fundamentales en los últimos años entre Junta y Gobierno en la negociación del traspaso de las políticas activas de empleo. De hecho, el acuerdo de cogestionar estos fondos fue lo que permitió, según la Junta, llegar a un pacto técnico en marzo de 2001 con Juan Chozas, secretario general de Empleo del Gobierno central. Un acuerdo que ahora puede estar en entredicho ya que la reforma del subsidio agrario planteada por el Ministerio pone en cuestión el futuro del PER.

Según la Junta, los datos acordados hace un año, que ahora el Gobierno ignora, además de la cogestión del PER, recogen el traspaso de 1.627 trabajadores, 190 oficinas de empleo, 8,4 millones de euros en gastos corrientes anuales, 4,2 millones de euros en inversiones anuales, seis millones de euros en un solo pago para remodelaciones y 246,4 millones de euros anuales en casas de oficio, escuelas taller y talleres de empleo.

Iniciativa parlamentaria

El rechazo a la reforma del subsidio agrario, que planteó la semana pasada el Ministerio de Trabajo (cerrar el subsidio a nuevos demandantes, que pasarían a un sistema contributivo general), provocó ayer el acuerdo de los portavoces de todos los grupos parlamentarios, salvo el PP, para plantear una enmienda de proposición no de ley en el Parlamento andaluz. PSOE, IU, PA y Grupo Mixto consensuaron una enmienda de sustitución a la proposición no de ley en pleno elaborada por el grupo socialista en la que se insta a la Junta a usar los medios constitucionales y estatutarios para 'impedir' que el Gobierno central suprima el Aepsa (denominación actual del PER)

La iniciativa, firmada por portavoces de estos cuatro grupos parlamentarios, será debatida el próximo jueves durante el pleno del Parlamento andaluz y reclama que la Cámara rechace 'una reforma que elimine, recorte o desmantele los niveles actuales de cobertura social e inversiones en Andalucía'.