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Tribuna:CONFLICTO ENTRE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO

'Ése no es mi trabajo'

El autor considera que el rechazo de la presidenta del Congreso a una pregunta al ministro Rato favorece los vicios de ocultación y limita el derecho a saber que tienen el Parlamento y los ciudadanos.

Dos son las circunstancias que se dan en don Rodrigo Rato. De un lado, asume desde 1996 la máxima responsabilidad en la dirección de la política económica del Gobierno del PP. De otro, posee una destacada participación en un entramado económico de carácter familiar. La conjunción de estos hechos se traduce en una posible colisión de intereses cuyos ecos, con mayor frecuencia de la debida, viene dejándose sentir a través de diversas noticias relacionadas con un reguero de préstamos bancarios concedidos a ese grupo de empresas, por parte de algunas entidades financieras.

Las explicaciones dadas cuando han aparecido esas noticias han sido muy insuficientes, puesto que no han ido mucho más allá de vagas excusas formuladas de soslayo, en las que tan sólo se sostiene por parte del principal afectado que 'ése no es mi trabajo' o que 'me encuentro alejado de la gestión empresarial'. Para salir de esta oscura situación, el Grupo Parlamentario Socialista formuló una pregunta, firmada por mí, al señor vicepresidente económico, con la que se pretende averiguar, de viva voz, si se le ha concedido por parte de Argentaria, siendo ya entidad financiera pública, presidida por don Francisco González, algún crédito a empresas participadas por el señor Rato o por su familia.

Pues bien, la señora Rudi, presidenta del Congreso, tomó la decisión de impedir la tramitación de la misma ante el Pleno en la Sesión de Control del 17 de abril, con lo que consagra la supremacía de los intereses sobre la que le corresponde a la representación política. Favoreciendo los vicios de ocultación, limita el derecho a saber que tiene el Congreso, con lo que se ha extendido esa limitación al derecho a saber que tienen el conjunto de los ciudadanos. Al optar por levantar obstáculos en el proceso democrático, dificultó el que se pudieran formular juicios fundados sobre los contenidos de ciertas políticas, a la vez que obstruyó la correcta atribución de responsabilidades políticas. Un olvido, si no se quiere decir un incumplimiento, que daña, porque el discurso político no prospera al ser víctima de hipocresías y manipulaciones.

Hecha esta aseveración, he de dar un paso más, ya que creo que el fondo de la cuestión radica en la necesidad de enfocar adecuadamente los sistemas destinados a hacer más transparentes los conflictos de intereses, con el afán de evitar el que, intencionadamente, se favorezcan de una forma u otra los fines privados de quienes detentan cargos públicos.

Ha pasado mucho tiempo desde que Kant defendió que en política predominarían las palomas; desde entonces, los enfoques realistas han ido progresivamente expresándose de manera muy diferente. Con ingenio fue Woody Allen quien sostuvo que: sí, serpientes y palomas pueden yacer juntas, pero las palomas no conciliarán el sueño. Y Madison quien afirmó que los hombres no son ángeles, por lo que es indispensable que se plasmen reglas que obliguen a seguir comportamientos productivos que mantengan a los descarriados en los márgenes de la esfera política.

A partir de este enfoque, mantengo que han de establecerse prácticas más estrictas respecto de las conductas económicas de quienes representan a los ciudadanos y de los que están encargados de desarrollar y ejecutar las políticas. Considero que se necesita saber más sobre aquellas personas que, en estas instituciones públicas, poseen más imperio sobre la ciudadanía. Aunque sólo sea porque disfrutan de un poder discrecional desde el que pueden actuar en múltiples direcciones, cuyo examen, conocimiento y escrutinio es conveniente realizar para determinar si sus posiciones dominantes han sido utilizadas de manera legítima o se ha empleado de forma negligente.

Con estos puntos de vista confrontan aquellos que reivindican sistemáticamente la esfera de lo privado. La plena admisión de ésta creo que sólo sería aceptable en aquellas actividades que carecen totalmente de relación con la política. Por lo que, refugiarse en estos posicionamientos, en aquellas otras tareas, donde no se da esta característica singular y específica, puede conducirnos a casos en los que existan actuaciones que violen o puedan violar los deberes públicos, en los que no parece que existan razones para que sean cubiertas con el manto de la privacidad.

Un análisis sosegado del contenido de la pregunta hecha al entonces ministro de Economía y Hacienda sitúa a ésta en un ámbito competencial concorde con sus responsabilidades políticas, por lo tanto orientada hacia una materia susceptible de crítica y control político. Estos asuntos no son nuevos, han estado desde tiempo inmemorial planteados en la política desarrollada en esta parte del mundo. Sin pretender rastrear excesivamente en la historia, sí he de recordar un conflicto surgido, hace ya bastante más de 2.000 años, cuando la Asamblea de Roma se dirigió a Escipión, exigiéndole 'una rendición de cuentas', y éste, por toda respuesta, se refirió a su gran victoria militar, para, a continuación, conducir al pueblo al Capitolio con el fin de agradecer el éxito a los dioses. Siglos después, un liberal tan sincero como Bentham habría de señalar que, de haber vivido en aquella época, probablemente hubiera ido con los demás al Capitolio, pero no por ello hubiera dejado de sentir una sana curiosidad por las cuentas...

El tiempo no erosiona las actitudes conservadoras, simplemente las presenta de manera diferente, quizás por ello tengo que manifestar con cierta perplejidad: qué pétreos y anquilosados resultan los posicionamientos políticos del Partido Popular. Cuánta dificultad tiene para admitir que la democracia plantea exigencias a los gobernantes, aunque sólo sea para que se la libere de los intereses privados de cuantos están en la política.

Francisco Fernández Marugán es diputado por Badajoz y portavoz de Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Presupuestos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 22 de abril de 2002