El PSOE critica el 'desprecio' del PP a las sugerencias de los expertos

'¿A qué viene tanta prisa?', se preguntó ayer el responsable de Justicia del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, al comentar la aprobación por el Gobierno del proyecto de Ley de Partidos sólo unas horas después de tener en su mano el dictamen del Consejo de Estado y sin haber tenido en cuenta sus principales sugerencias. 'Se ha despreciado el informe del Consejo de Estado', dijo. Tanto ese texto como el del Consejo General del Poder Judicial animan al PSOE a mantener su tesis de que el proyecto debe ser mejorado para que no quede un resquicio por el cual la futura ley pueda ser recurrida en 'tribunales españoles o internacionales', avisó López Aguilar. También anunció que 'al compartir los principios del proyecto', el PSOE no pondrá trabas al primer paso parlamentario. Los socialistas no presentarán enmienda de devolución; sí lo harán IU, PNV y el Grupo Mixto.

El primer partido de la oposición planteará enmiendas parciales sobre aspectos básicos del texto. Al final, tendrá que decidir cuál es el sentido de la votación última y global de la ley. Hoy ningún dirigente socialista es capaz de aventurar una posición de voto, pero en el partido no se oculta que tratarán por todos los medios de que el Gobierno 'no se salga con la suya' para sacar adelante su ley con el apoyo de un único partido, el PP.

La cautela guió ayer las apreciaciones del responsable de Justicia del PSOE respecto a las intenciones de su partido, pero dejó claro que 'nada es innegociable'. López Aguilar consideró poco democrática la actitud del presidente José María Aznar de no tocar ni una coma del texto propuesto por el Gobierno.

El PSOE pretende hacer todo lo posible para que esta ley, que debe ser de 'impecable factura constitucional', ofrezca a los jueces un instrumento claro y eficaz para actuar contra los partidos 'que actúan de brazo del terrorismo'. 'Tiene que haber un acuerdo más amplio, no sólo de dos partidos', señaló López Aguilar.

El dirigente socialista continuó con su tesis de que debe ser el fiscal general del Estado el único que pueda instar la ilegalización de un partido, y no 50 parlamentarios o el Gobierno como quiere el PP.