Sáenz de Santamaría se querella contra la juez y el fiscal que le acusan por un aborto a una menor
El ministerio público pide siete años de cárcel y 10 de inhabilitación para el ginecólogo
El ginecólogo Germán Sáenz de Santamaría presentó ayer una querella por presunta prevaricación continuada contra la juez y el fiscal que le acusan de un delito de aborto ilegal, juicio que se verá el martes en la Audiencia de Málaga. El médico sustenta su denuncia en la supuesta existencia de una treintena de irregularidades procesales como la vulneración del derecho a la defensa o de la obligación de fundamentar las resoluciones judiciales. La fiscalía pide para Santamaría siete años de cárcel y 10 de inhabilitación por un aborto hecho en 1999 a una menor,de 16 años, sin el consentimiento paterno.
La querella va dirigida contra la juez de Instrucción número 1, María Teresa Guerrero, y el fiscal adscrito al juzgado, Fernando Bentabol. Entre sus argumentos sostiene que Santamaría y otro ginecólogo también inculpado en la causa no fueron citados como imputados al comienzo del proceso y que muchos recursos han sido resueltos sin la preceptiva fundamentación jurídica, vulnerando así su derecho a la defensa.
El médico -que ya fue encarcelado de forma preventiva en tres ocasiones por delitos de aborto y desacato- tendrá que volver a sentarse el martes próximo en el banquillo de los acusados, justamente por esta causa. Por ser reincidente, el ministerio público le pide siete años de cárcel y 10 de inhabilitación profesional. Para el otro ginecólogo, Polidio A. C. -quien no se ha sumado a la querella presentada por Santamaría- el fiscal, solicita cinco años de prisión e igual tiempo de inhabilitación. La joven estuvo imputada al comienzo del caso, pero ya no lo está y acudirá a la vista como testigo.
El aborto que originó la causa fue practicado por ambos facultativos en Málaga, en marzo de 1999, a una chica que entonces tenía 16 años y estaba en su octava semana de gestación. Ella dio su consentimiento, pero carecía de la autorización paterna.
La interrupción del embarazo -realizada bajo el primer supuesto legal de grave afectación para la salud física o psíquica de la madre- llegó a conocimiento de las instancias judiciales a raíz de la denuncia que la joven presentó, poco tiempo después, contra su compañero, por malos tratos, en un juzgado de Roquetas de Mar (Almería), donde vivían. De oficio, se abrió otra investigación por el aborto que se remitió a Málaga, dado que la clínica donde se había practicado estaba en esta ciudad.
Según el fiscal, Santamaría cometió un delito de aborto porque 'al ser menor, el consentimiento de la joven no vale, deberían haberlo dado los padres'. El ginecólogo sostuvo ayer que la ley sólo exige la autorización de la embarazada, que la chica había estado en numerosas ocasiones acogida por la Junta de Andalucía, que estaba emancipada y convivía con un hombre mayor de edad, situación que sus padres conocían. Además recordó una sentencia de la Audiencia malagueña por un caso similar en la que, en 1992, se reconoció la capacidad de consentimiento a una joven emancipada de 16 años que se sometió a un aborto.
Santamaría lamentó que un caso de malos tratos -cuya denuncia se desconoce como acabó- haya terminado en un juicio por aborto, tras lo que tachó a algunos miembros del Poder Judicial de 'mamporreros de los torturadores de mujeres'. Para el médico -que tiene dos causas pendientes también por supuesto aborto ilegal en Córdoba y Granada- la acusación 'es una muestra del talibanismo judicial practicado por aquéllos que quieren poner a las mujeres un burka mediante el uso de las leyes para que no puedan ejercer sus derechos'. Además, fustigó que siempre las causas por aborto se tramiten contra las mujeres más débiles, en casos de malos tratos o prostitución. 'Todavía no ha habido un caso contra una banquera', ironizó. También criticó que mientras a Jesús Gil han tenido que presentarle más de 30 denuncias para que al final haya sido condenado 'en un caso muy gordo', la justicia haya actuado contra 'una pobre muchacha y dos ginecólogos' a raíz de una denuncia por malos tratos.
El fiscal dijo ayer que no hubo irregularidades y que si se hubiera producido algún error, se habría anulado el proceso. No quiso contestar a las críticas del ginecólogo y se limitó a decir queel médico estaba en su legítimo derecho a ejercer su libertad de expresión. La juez no pudo ser localizada porque ayer estaba saliente de guardia.
Absuelto e indultado
Cuando al ginecólogo malagueño Germán Sáenz de Santamaría se le pregunta su historial judicial contesta rápido y con desparpajo: 'He estado tres veces en el talego'. Pero en total, apenas ha pasado unos dos meses privado de libertad. La primera detención fue en 1986, por un supuesto delito de aborto ilegal. Estuvo encarcelado un mes y medio con carácter preventivo. Tras el juicio, fue absuelto. La segunda vez que ingresó en prisión fue con condena, también por un delito de aborto. Practicó una interrupción del embarazo a 'una niña de 10 años que había sido violada'. Pasó una semana en la cárcel y fue indultado. Al salir del centro penitenciario, arremetió contra las instancias judiciales y se ganó una nueva causa, esta vez por desacato. Volvió a ingresar unos días, también de forma preventiva. Más tarde fue absuelto.Debido a que en dos ocasiones se ha acordado su absolución y en una su indulto, Santamaría -que además de ginecólogo es abogado- sostiene que no procede la pena que solicita el fiscal de siete años por el agravante de reincidencia, sino que entiende que la calificación debería ser de cinco años. El ginecólogo siempre ha defendido 'una mejor ley, que permita la libre decisión de la mujer'. En otras palabras, una legislación que contemple la posibilidad de las embarazadas de someterse a un aborto hasta determinado momento de la gestación, sin tener, como ahora, que acogerse a los únicos supuestos permitidos por la ley: violación, peligro para la vida de la madre, malformación del feto y grave afectación para la salud psíquica de la mujer.
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