Nueve familias gitanas de Sant Cugat, desalojadas de un campamento

'Llevaban ocho años en un asentamiento que no les costaba ni un duro y tenían agua y luz; ¿por qué van a volver a un piso de 40 metros cuadrados, que les cuesta dinero, si no es con la esperanza de que les proporcionarán piso y trabajo?'. Así se expresaba José Antonio Ortiz, el abogado de las nueve familias gitanas -que suman unas 80 personas- que abandonaron ayer un campamento situado en la carretera de Molins de Rei tras recibir una orden de desalojo del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès.

A primera hora de la mañana, la Policía Municipal acudió al asentamiento con dos grúas. Los gitanos no abandonaron el lugar hasta que arrancaron el compromiso del alcalde, Lluís Recoder, de CiU, de volver a reunirse el próximo día 16 de abril. El consistorio también se comprometió a pagar parte del aparcamiento para que las familias guarden sus caravanas y camiones.

Estas familias vivían desde 1999 en pisos de alquiler en Rubí, y hace tres semanas regresaron al campamento por considerar 'indignas', las condiciones de los pisos. Su abogado explica que lo que quieren las familias 'son pisos de protección oficial de Adigsa y de propiedad'. Esto ya lo intentó en 1998 el consistorio de Sant Cugat, 'y se obtuvo un no como respuesta', manifestó la concejal de Servicios Sociales, Mercè Conesa.

Las familias vivieron en este campamento, en el término municipal de Sant Cugat, desde 1991 hasta 1999. Este último año firmaron un convenio, junto al consistorio y los Servicios Comunitarios de la Generalitat de Cataluña, por el que se les sufragaba la mitad del gasto de alquiler. Las familias se trasladaron a pisos de Rubí y se acogieron a un programa de integración de cinco años, cuyo objetivo, afirmó Conesa, no es 'ayudar a una persona toda la vida, sino acostumbrarla a que se organice económicamente'. El programa preveía reducir la subvención en un 10% progresivamente hasta que las familias 'fueran autónomas'. Después de dos años, el consistorio y el Gobierno catalán siguen sufragando el 50% del alquiler.