Los inspectores del Consistorio abren 375 expedientes por zanjas en la calle

Durante el primer trimestre del año, el Ayuntamiento de Madrid realizó 12.848 inspecciones en las calas y canalizaciones abiertas en las calles de la capital por los operadores de cable, agua, gas y electricidad. Esas inspecciones municipales derivaron en la apertura de 375 expedientes sancionadores, que pueden acabar en multas de más de 1,5 millones de euros, según avanzaron ayer fuentes de la Concejalía de Obras e Infraestructuras.

Las infracciones más frecuentes descubiertas por los inspectores del Ayuntamiento en las calles de la capital abarcan desde la deficiente señalización de las zanjas abiertas hasta el incumplimiento de las normas de seguridad, la ocupación de los pasos de peatones y el incumplimiento de plazos de finalización de los trabajos. El gobierno local establece siempre un plazo para que la obra esté acabada. Si no se cumple, la empresa es multada.

Esta labor de inspección está siendo realizada por un equipo de 21 funcionarios municipales, uno por cada distrito madrileño, así como cuatro ingenieros técnicos de la Concejalía de Obras Públicas. Este equipo fue creado en enero por el Ayuntamiento con el fin de aumentar el control sobre las zanjas abiertas en las calles y vigilar que las empresas propietarias de las obras cumplan con la legislación vigente.

Más de 4.000 autorizaciones

Entre el 1 de enero y el 31 de marzo pasados fueron autorizadas en la capital 1.420 obras de canalizaciones en la vía pública, a las que se sumaron otras 2.960 motivadas por averías varias. En total, 4.380 autorizaciones. Durante el mismo periodo de 2001 el número de calas fue sensiblemente superior: 2.430 nuevas autorizaciones y 3.012 zanjas motivadas por la reparación de averías en el suministro de servicios.

Para mejorar la coordinación de las actuaciones viarias de las distintas compañías de servicios en las calles de Madrid y la información a los ciudadanos, el pleno del Ayuntamiento aprobó el pasado diciembre una nueva Ordenanza que contempla sanciones de hasta 601.000 euros en caso de infracción.