El PP de Guardamar adjudica a dedo una urbanización de 60 hectáreas
El equipo de Gobierno municipal de Guardarmar del Segura, en manos del PP con el apoyo de un edil tránsfuga, ha adjudicado a dedo la urbanización de unos 600.000 metros cuadrados en la pedanía de El Campo de Guardamar. El proyecto fue rechazado hace dos años por el pleno en base a la gran cantidad de alegaciones que se presentaron. Sin embargo, ayer y sin mediar una nueva convocatoria, se adjudicó a una de las firmas que se presentó al primitivo concurso, la empresa Torrevieja 93. Unos sesenta vecinos que poseen tierras en la zona acudieron al Consistorio para oponerse al proyecto con pancartas condenando la actuación del equipo de gobierno por haberlos excluido de la negociación.
La sesión plenaria donde se adjudicó la urbanización estuvo dominada por la tensión. Más de cincuenta vecinos de El Campo de Guardamar se desplazaron al Ayuntamiento para criticar la operación urbanística e instaron al alcalde a retirarla, ya que 'la actuación se ha fraguado a sus espaldas'. Ni la presión de los afectados, ni las amenazas del PSPV de impugnar el acuerdo impidieron que el PP aprobara la moción, con el apoyo de su aliado y antiguo militante Paco Espinosa. El alcalde, Francisco García, ordenó en varias ocasiones a la Policía Local el desalojo de la sala.
El PSPV ya ha anunciado que impugnará la adjudicación y exigirá la supresión del acuerdo sobre la base de un auto del Tribunal Superior de Justicia que observa la posible inconstitucionalidad de varios artículos de LRAU (Ley Reguladora de la Actividad Urbanística). Para los socialistas, el procedimiento que ha seguido el equipo de gobierno encierra un cúmulo de irregularidades. 'Y, para colmo, cuando quieren darle al acuerdo ciertos visos de legalidad recurren al abogado Juan Enrique Serrano para que redacte el informe, un letrado que está imputado en un caso de presunto soborno precisamente por elaborar informes falsos', explica Manuel Aldeguer, portavoz del PSPV.
Los vecinos que forman parte de la Comisión de El Campo de Guardamar también interpondrán un recurso contencioso. Las cuarenta familias que residen en la zona se oponen a la urbanización. Sus reivindicaciones surtieron efecto en octubre de 2000, cuando el pleno rechazó la unidad de ejecución por el gran 'número de alegaciones presentadas. ' El informe proponía retrasar la homologación hasta consultar a los vecinos. 'El martes y sin mediar ningún aviso previo se convocó una comisión para adjudicarlo', dijo Ofelia Bardonado, presidenta de la asociación.
