La energía nuclear cabalga de nuevo

Como la memoria es flaca y las generaciones más jóvenes ignoran cómo llegó la energía nuclear a España, conviene echar un vistazo a la historia, antes de entrar en cuentas. Cabe partir de dos datos: en España, año 2000, la energía nuclear registraba una potencia instalada de 7.798 MW, es decir, el 14,8% de la potencia del sistema peninsular, y cubrió el 31,9% de la demanda peninsular de electricidad. Pues bien, tales cifras resultan de dos episodios históricos principales de signo opuesto: los excesos cometidos en la transición democrática y los planes energéticos aprobados por los gobiernos socialistas.

En cuanto a lo primero, cabe recordar que los sucesivos planes energéticos de las postrimerías del franquismo y de los inicios de la democracia apostaban por 15.000 MW (mayo 1972, con el horizonte de 1983); 25.500 MW (propuesta de UNESA para el PEN-1977, con el horizonte de 1987); 13.434 MW (propuesta Oliart para el PEN-1977 con el mismo horizonte); 10.525 MW (propuesta Fuentes Quintana para el PEN-1978 con ese plazo); y, finalmente, lo aprobado, es decir, 10.500 MW. Después, el primer Gobierno socialista recortó, en 1983, la potencia prevista hasta 7.600 MW en 1992, lo que implicaba la no puesta en marcha de cinco proyectos nucleares en proyecto o construcción. Los excesos de los planes anteriores condujeron a que desde entonces los consumidores españoles de energía eléctrica hayan abonado el 3,5% de los recibos de la luz en concepto de resarcimiento por las inversiones paralizadas. Afortunadamente para todos, los planes energéticos del general Franco y de UNESA nunca vieron la luz. Lo anterior debe servir para concluir que la energía nuclear suele venir acompañada, al menos en nuestro país, de excesos retóricos.

El uso de la fiscalidad medioambiental es suficiente para resolver el problema del 'efecto invernadero' sin necesidad de acudir a la energía nuclear

El examen de las hemerotecas alumbra la naturaleza de los argumentos empleados en la época. Por piedad, no citaré a los autores. 'Energía abundante y barata'; 'no hay alternativas a la energía nuclear: el gas procedente de Argelia a través del estrecho de Gibraltar es un desiderátum' (1985); 'urge tomar decisiones para asegurar el autoabastecimiento energético'. Después, supimos que la energía nuclear ha sido extremadamente cara; que el gas natural, junto con el ahorro de energía, es la mejor fuente de energía primaria de los próximos años; y que otros países reaccionaron con menores dosis de nacionalismo energético a las crisis del petróleo de los años setenta.

Quiero fijarme, con todo, en dos argumentos renovados sobre la conveniencia de la energía nuclear. El primero insiste en el coste, aunque se refiere implícitamente al coste variable, que por estar asociado a una tecnología muy intensiva en capital es reducido. Claro que, en el momento actual, es decir, antes de construir nuevas centrales nucleares, el coste relevante es el coste unitario total de kwh. Pues bien, la experiencia española demuestra que, hoy, el coste unitario total de algunas centrales nucleares españolas se sitúa por encima, por poner una referencia, del coste del kwh eólico. Ello, sin tener en cuenta otros costes importantes y hoy desconocidos como son los referentes a la gestión del combustible nuclear gastado.

El segundo argumento tiene una vertiente medioambiental. Viene a decir que el cumplimiento de los compromisos españoles y europeos en materia de emisiones de CO2 aconseja la construcción de nuevas centrales o, cuando menos, la prolongación de la vida de las existentes. El argumento insiste en la relación entre energía nuclear y efecto invernadero. Sin embargo, está suficientemente probado que el uso de la fiscalidad medioambiental es suficiente para resolver el problema, como han mostrado Nordhaus y otros, sin necesidad de acudir a la energía nuclear. Como el cambio climático es un fenómeno secular, basta con incrementar suave, aunque sostenidamente, la fiscalidad sobre el consumo de energía, especialmente en los sectores donde se registra un crecimiento mayor de la demanda de energía, como es el caso del transporte. Además, la solución es menos incierta y más barata para todos.

Finalmente, conviene recordar que la generación de energía eléctrica es una actividad liberalizada. Es dudoso que los accionistas de cualquier compañía eléctrica estén dispuestos a asumir los riesgos derivados de la construcción y explotación de una central nuclear. La viabilidad financiera de este empeño depende pues de que el Estado, esto es contribuyentes y consumidores, esté dispuesto a asumir tal riesgo, mediante garantías explícitas o implícitas de recuperación económica de la inversión realizada, pase lo que pase. Naturalmente, ello es incompatible con la nueva regulación y conduciría al establecimiento de una exención sobre la asunción de riesgos por parte de los accionistas de las compañías eléctricas. Por eso creo que el asunto de la energía nuclear vuelve a ser un tema de calado político, sobre el que podría haber pronunciamiento expreso de los partidos políticos. El PSOE propone, proponía en el último programa electoral, el cierre ordenado de centrales nucleares: nada extravagante a juzgar por lo decidido en países como Alemania o Bélgica. El PP no se pronuncia: basta con leer el Plan Energético remitido al Congreso de los Diputados. Arranque de caballo y parada de burro.

Alberto Lafuente Félez es catedrático de la Universidad de Zaragoza.