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Reportaje:REPORTAJE

Un abogado por cada 300 españoles

España debería ser el paraíso de la justicia si ésta se midiera por el número de abogados. Porque los hay hasta el exceso: más de 142.000 colegiados (45.000 en Madrid), 102.000 de ellos ejercientes. Sólo EE UU tiene más (unos 800.000), pero por detrás quedan Alemania (95.000), Reino Unido (49.000) y Francia (20.000). El dato pasma: hay un abogado por cada 300 habitantes.

Estas cifras, por sí solas, no garantizan que los ciudadanos estén bien defendidos, sobre todo cuando hay tantas carencias en la administración de justicia, protagonista de la última gran reforma pendiente de la democracia. Tantas que fue necesario forjar un Pacto de Estado entre las diversas fuerzas políticas. El pasado 5 de marzo, se presentó oficialmente en el Congreso su primera y consensuada emanación directa: la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, un catálogo de recomendaciones que, para aplicarse, precisará de mucho dinero, reformas legales, decisión política y buena voluntad de (entre otros) jueces, fiscales y abogados.

Ángeles López Álvarez, abogada: 'Los colegios profesionales defienden muchos intereses corporativistas y pocos de los ciudadanos'

En España hay más de 142.000 abogados, 102.000 de ellos ejercientes. Una cifra tan sólo superada por Estados Unidos

Adriana P. P. entró en un pequeño despacho para aprender, pero a la hora de la verdad no trabajó como pasante, sino de chica para todo

Luis Martí Mingarro: 'El acceso a la abogacía debe regularse con una examen que permita contrastar la preparación de los letrados'

El mundo de la abogacía constituye en España un microcosmos en el que hay marcados contrastes, incluso una soterrada lucha de clases entre grandes despachos que facturan miles de millones al año y pagan a algunas de sus estrellas por encima de los 600.000 euros anuales (100 millones de pesetas), clase media cuyos integrantes se las ven y se las desean para sacar limpios 1.500 al mes, e incluso proletarios explotados como pasantes, teóricamente para aprender la profesión, pero en la práctica trabajando como secretarias o recaderos por menos de 300 euros.

Ángeles López Álvarez, fundadora de la Asociación Libre de Abogados, eligió esta profesión porque no soportaba la injusticia y quería acabar con ella, un objetivo que hace tiempo comprobó que era utópico. Como socia de un despacho colectivo, se dedica a casos penales y de extranjería. Entre las batallas profesionales que libra hay dos muy significativas: la que pretende dignificar el turno de oficio (la asistencia letrada gratuita) y la que lucha contra la endogamia de los colegios de abogados, empezando por el de Madrid.

'En la práctica', señala, 'los colegios defienden muchos derechos corporativistas y pocos de los ciudadanos, sacralizan la función de la abogacía, sitúan la confianza como valor máximo en la relación con el cliente como si ésta no fuera igualmente necesaria cuando se compra un producto en el mercado o se llama a un fontanero, y no actúan con el rigor necesario para atender quejas e imponer sanciones. Además, con la excusa de la confianza, el cliente no sabe muchas veces cuánto va a tener que pagar a su abogado. Por eso considero fundamental que sea obligatoria la suscripción de un contrato previo que incluya un presupuesto lo más detallado posible'.

'La abogacía no está al servicio de la sociedad', afirma. Una conclusión pesimista que atribuye, entre otras cosas, al dominio de los colegios profesionales por las vacas sagradas y los grandes despachos, así como por la pervivencia del sistema de colegiación obligatoria, al que ella llama 'el verticato' por analogía con los sindicatos franquistas.

Desde el bando contrario, el decano de Madrid, Luis Martí Mingarro, sucesor del histórico Antonio Pedrol Ríus, insiste en que los deberes del abogado se resumen en que 'debe hacerse acreedor a la confianza depositada en él por el cliente y garantizar que ésta no sea defraudada, lo que implica una actuación deontológicamente intachable, transparente, clara, leal, diligente y eficaz. Lo que se nos entrega no es una mercadería de uso común, sino algo mucho más trascendente, como la defensa penal, tutorial o accionarial'.

Por su parte, Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía, remacha el clavo de la confianza y recuerda que 'es función del abogado conseguir que el cliente vea sus derechos reconocidos, respetados y aplicados incluso cuando no son puestos a prueba ante un tribunal'. Para él, como para Martí, es fundamental que los licenciados en Derecho reciban una formación técnico-práctica que les prepare para el ejercicio de la profesión, aunque aún sigue pensando que su maestro Pedro Duque tenía toda la razón del mundo cuando aseguraba: 'Para ser buen abogado sólo hace falta ser buena persona, ya que todo lo demás se puede aprender con paciencia y sacrificio'.

El acceso a la profesión

El Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia incluye el compromiso de establecer un sistema de acceso al ejercicio de la abogacía que impida que, con el título todavía fresco en el bolsillo, cualquier licenciado en Derecho pueda colegiarse, alquilar un piso, poner en la puerta una placa que diga 'Fulanito de Tal, Abogado' y defender ante los tribunales a un acusado de asesinato o a una esposa que denuncie malos tratos. Y también aquí es perceptible la diferencia de visión entre los poderes establecidos y los abogados de a pie.

Además de decano de Madrid, Luis Martí, de 64 años, que se hizo abogado porque lo llevaba en la sangre, encabeza un bufete de amplio espectro (derecho civil, mercantil, asesoramiento de empresas, cuestiones inmobiliarias, etcétera) que excluye los casos penales, laborales y matrimoniales. En su opinión (la de alguien que se define como liberal) y en la de la junta de Gobierno del colegio, el acceso a la profesión 'debe regularse mediante un examen o prueba de control que permita contrastar la preparación, pero no para reforzar el corporativismo, de que haya menos abogados o de que estos se consoliden como una élite significada socialmente, sino para responder mejor a las necesidades de los ciudadanos'.

Ángeles López Álvarez está abiertamente en contra de un examen porque 'el Estado ya te da un título, y el colegio un papelito que te faculta para ejercer y, después de todo, ésta es una profesión liberal, y ningún licenciado es tan suicida como para abrir un despacho en cuanto termina la carrera. Además, cada cliente está en su perfecto derecho de elegir a un abogado más joven e inexperto, en la confianza, por ejemplo, de que podrá dedicarle más tiempo que si acude a un gran bufete. Si se institucionaliza la prueba de acceso, los colegios adquirirán aún más poder, sin que aumente la calidad y preparación de los abogados'. Por eso, apuesta por la formación práctica en los despachos ('eso sí, cobrando') y porque los colegios hagan cuanto esté en su mano por hacerlo posible.

La polémica sobre el acceso a la abogacía se extiende a la clase política. El secretario de Estado de Justicia, José María Michavila, es firme partidario de regularla y está convencido de que la cuestión se definirá en esta legislatura y se regulará en la siguiente. La urgencia, dice, viene de la necesidad de homologación en el espacio europeo, ya que 'España es el único país de la UE que no tiene un sistema de acceso'.

Por el contrario, el dirigente socialista Diego López Garrido, uno de los tres redactores de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, muestra su temor a que eso abra la vía a la cooptación dentro de los colegios de abogados, para limitar la competencia. Aunque reconoce que el tema de la calidad es muy complejo, opina que 'la formación en la universidad debería ser menos teórica y acercarse a la práctica de la profesión'.

Emilio Cuatrecasas dirige el mayor despacho independiente de España, en el que trabajan 598 abogados y otros 350 profesionales. Tiene 17 oficinas en España, Portugal, Estados Unidos, Bélgica y Brasil. En el año 2001, la facturación ascendió a más de 100 millones de euros e intervino en tres de las cuatro mayores operaciones de fusión y adquisición de empresas efectuadas en España o por empresas españolas. Su labor se concentra sobre todo en las grandes y complejas transacciones económicas, muchas de ámbito transnacional.

A Cuatrecasas no le preocupa demasiado que se imponga o no una prueba obligatoria de acceso a la abogacía, aunque señala desde Barcelona que 'cuanto mayor sea el nivel de formación mayores serán las posibilidades de competir' y se dice 'claro partidario' de la obligatoriedad de 'un periodo de prácticas legales remuneradas en despachos o instituciones'. Pero no es por esa vía por la que este megabufete enriquece su plantilla. 'La regla general', asegura, 'es la promoción interna. No tenemos pasantes ni admitimos abogados en prácticas, excepto cuando se trata de extranjeros que necesitan completar un ciclo de entrenamiento o por los convenios de cooperación suscritos con algunas universidades. Tampoco recurrimos a los cazatalentos'.

¿Cómo se puede entrar entonces en Cuatrecasas? 'Es necesario', responde el gran jefe, 'acreditar un magnífico expediente académico, un título de posgrado, máster o similar, y hablar y escribir correctamente en inglés. El candidato debe superar varias entrevistas con socios de la firma y obtener la aprobación del comité de incorporaciones'.

El vástago de una familia con medios económicos podrá tener acceso a cursos especializados en el extranjero que enriquecerán su currículo. Al hijo, sobrino o amigo de abogado de prestigio no le faltarán oportunidades de aprender todo lo que necesite en un despacho. El resto lo tendrá mucho más difícil.

Adriana P. P., de 28 años, señala que, mientras estudiaba Derecho en Madrid, 'había hijos de papá que se daban la gran vida y sacaban la carrera a trancas y barrancas porque sabían que, apenas dejasen la facultad con el título en el bolsillo, tendrían garantizado un buen trabajo'. Para ella, en cambio, las cosas fueron mucho más difíciles. Tanto que, pese a su buen expediente, terminó renunciando a la abogacía.

En la facultad obtuvo una formación teórica aceptable, dice, 'pero de práctica, nada, cero'. Necesitaba ganarse la vida y lo hizo como recepcionista del Palacio Municipal de Congresos y en una asesoría fiscal, mientras seguía cursos de contabilidad, comercio exterior e inglés.

Hasta que, por fin, entró en un despacho pequeño en el que se suponía que iban a enseñarle la práctica de la abogacía: redactar recursos, presentar demandas, llevar casos, etcétera. Le ofrecieron 600 euros mensuales, 'más negros que el carbón', y 12 pagas al año. Pasó por el aro para aprender y porque conocía casos mucho más sangrantes, incluso de trabajar gratis.

Lo peor fue que, ' a la hora de la verdad', no trabajó como pasante, sino 'de chica para todo', menos barrer y limpiar el baño: 'Tenía que atender el teléfono, abrir la puerta, ir a comprar tabaco y productos de limpieza y subirles el café. Reconozco que algo aprendí, pero de forma autodidacta, a través de la explotación, no porque ellos me enseñaran. Los primeros seis meses, me pasaba mucho más tiempo en la calle, haciendo recados, que en el despacho'.

Al final se hartó porque le ponían mala cara y encima le pagaban con retraso. La de abogado le sigue pareciendo una hermosa profesión, pero no ve fácil encontrar el dinero para poner un despacho propio o compartido con otros colegas. Y se ha rendido. Ahora trabaja en unos grandes almacenes con contrato, seguridad social, un sueldo aceptable y posibilidades de ascender.

Carlos Carnicer admite que hay abusos, pero también que 'en muchos despachos se imparte la pasantía de forma ejemplar'. Luis Martí señala, por su parte, que es el diseño antiguo, 'la forma tradicional y válida de despegar en la profesión' lo que ya no funciona, aunque sólo sea por el hecho de que, tan sólo en Madrid, se colegian cada año 2.000 nuevos abogados. 'Sobre esa base', afirma, 'no puede haber pasantías, y tampoco se pueden imponer a los despachos. Por eso ha creado el colegio una bolsa de trabajo y ofrece cursos de formación y programas de iniciación profesional, unos gratuitos y otros a precios políticos'.

Según Martí, la pasantía tiene una doble dimensión: de formación y de trabajo. 'Las dos van unidas', sostiene, 'pero por su singularidad no debería haber una relación laboral convencional, sino de tipo especial, donde la obligación de retribuir esté muy clara pero sin olvidar que, cuanto más se quiera formalizar, menos contrataciones habrá'.

Un ejemplo del nivel de corporativismo que puede llegar a existir lo proporciona José Bernardo Mato Jara, un cántabro que intentó querellarse penalmente contra un abogado. Dados sus escasos recursos, solicitó un letrado de oficio. La abogada inicialmente designada por el colegio, María Cortés del Valle, alegó 'una cierta incompatibilidad' para no aceptar el encargo.

Medio año después, fue designado Juan Carlos Nieto Cuartango, que notificó también su deseo de renunciar. Tras reclamar al Defensor del Pueblo, en septiembre de 2001 se le asignó un tercer letrado. Pero , después de tres años del inicio del procedimiento, Mato tiró la toalla. 'Donde la Constitución dice que todos los españoles son iguales ante la ley', asegura hoy con amargura, 'debería añadirse: exceptuando a los señores abogados'.

Como todo es según el color del cristal con que se mira, tanto los colegios como el Consejo General de la Abogacía ofrecen pruebas de que los abogados son capaces también de autorregularse para limpiar su casa y deshacerse de quienes deshonran la profesión, que insisten en que son una ínfima minoría. En el caso de Madrid, se recibieron en 2001 un total de 1.214 quejas, un 8% más que el año anterior: 702 se resolvieron y 530 siguen aún en trámite. La Junta de Gobierno adoptó 1.498 acuerdos (muchos de ellos relativos a casos de años anteriores), de los que 955 fueron de archivo por falta de fundamento o insuficiencia de pruebas. Se impusieron 189 sanciones: 85 por faltas leves, 85 graves y 19 muy graves. 'Desde que soy decano', asegura Martí Mingarro, 'es decir, desde 1993, se han producido 19 expulsiones'.

Denuncias

Las denuncias más frecuentes en los primeros meses de 2002 eran las relativas al turno de oficio, disconformidad con la actuación profesional, desatención de los casos, no devolución de documentos y falta de información al cliente. También hay quejas por vulneración del secreto profesional, deslealtad y estafa, disconformidad con los honorarios, trato desconsiderado, no justificación de la provisión de fondos y pasividad.

'Yo he puesto especial hincapié', afirma el decano de Madrid, 'en el buen funcionamiento del departamento deontológico y disciplinario, para que responda a lo que los ciudadanos, no los abogados, pueden esperar y desear'. Pese a todo, la mala imagen de algunos abogados concretos contamina la del conjunto de la profesión.

El desarrollo del Pacto de la Justicia y de la Carta de Derechos del Ciudadano (que defiende la necesidad de una conducta deontológicamente correcta, que el cliente esté perfectamente informado y que exista una relación de confianza con los abogados) puede eliminar muchos fantasmas. Pero, a la postre, todo dependerá de que los ciudadanos exijan sus derechos y de que los abogados, encargados de defenderlos, sean los primeros en respetarlos.

El turno de oficio y la utopía de una justicia gratuita

EN LOS ABARROTADOS juzgados de primera instancia e instrucción de la plaza de Castilla, de Madrid, toda una alegoría de la masificación de la justicia en España, abundan los abogados de oficio que echan pestes contra la falta de medios y de retribución adecuada. Sus servicios, accesibles tan sólo para quienes no tienen ingresos suficientes (la frontera de la pobreza se fija en dos veces el salario mínimo), constituyen la única esperanza, constantemente defraudada, en una justicia igual para todos. Hace tiempo que la justicia es gratuita y que desaparecieron las costas judiciales, pero la ley sigue teniendo un precio, el de abogados y procuradores, que se puede multiplicar cuando se recurre a pruebas periciales. Quien no puede pagarlo tiene la posibilidad de recurrir a un abogado de oficio. Y eso es lo que hacen centenares de miles de personas cada año, especialmente en los casos penales, donde la gran mayoría de los presuntos delincuentes son pobres como ratas. El Estado pone el dinero y los colegios de abogados montan el tinglado para que el mecanismo funcione, desde el sistema de formación y selección de los letrados (que depende de su especialización), hasta la clasificación por áreas (penal, social, civil y contencioso-administrativo), la designación para guardias y casos concretos y el pago de honorarios. A finales de 2001, y tan sólo en Madrid, había 3.690 abogados adscritos al Turno y a la Asistencia Letrada al Detenido, las dos patas del sistema de justicia gratuita. Ese mismo año se produjeron 53.932 designaciones para la primera y 68.274 para la segunda. El Estado es tacaño, demasiado. Tanto que pone en peligro la eficacia misma de la maquinaria de defensa. No hay abogado que no se queje. En Madrid, una guardia de 24 horas, con disponibilidad absoluta, y que a veces exige seguir atendiendo a los detenidos hasta en los dos días siguientes, se retribuye con 114,2 euros brutos. Los criterios del colegio profesional recomiendan unos honorarios de 210 euros por la asistencia a un detenido, con un aumento del 25% para cada caso adicional. Un procedimiento familiar completo, como el que puede llevar a la nulidad de un matrimonio, supone un pago para el abogado de oficio de 192,3 euros, frente a los 1.800 que recomienda el colegio. Ana Cortés, de 31 años, socia de un despacho de abogados artesanal y polifacético en el que se gana la vida con mucho esfuerzo y algún apuro, reconoce que, para su pequeño colectivo, el turno de oficio supone una carga económica. Pero no está dispuesta a tirar la toalla. En su opinión, la racanería económica, el trato desconsiderado que los abogados reciben a veces de jueces y fiscales, la ausencia de procurador en la primera fase de los procedimientos y la imposibilidad práctica de recurrir a peritajes privados se pueden traducir en flagrante indefensión. En su última guardia de asistencia letrada a detenidos, Ana tuvo que ir a cuatro comisarías y pasarse varias veces a lo largo de tres días por los juzgados. Alguno de esos casos, que todavía colean, ponen de manifiesto otras facetas problemáticas del proceso de administrar justicia en España. Como el de un extranjero acusado de violar a una prostituta (aunque él alega que sólo hubo una discusión sobre el precio del servicio), para el que el fiscal ha pedido una prueba de ADN, a pesar de que el acusado no niega que tuviera relaciones sexuales con la presunta víctima. El turno de oficio de Madrid ha recibido el certificado de calidad Aenor. Un reconocimiento que no impresiona ni a Ana ni a Ángeles López Álvarez, de la Asociación Libre de Abogados (ALA), para quien, en las actuales condiciones, 'es muy difícil prestar un servicio de calidad' y hacer efectivo el derecho constitucional a la justicia gratuita.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 31 de marzo de 2002

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