El 'campus de la Justicia' estará situado en el eje norte del paseo de la Castellana

El Gobierno regional ha decidido buscar un emplazamiento al futuro campus de la Justicia en la prolongación del eje norte del paseo de la Castellana, dentro de la llamada Operación Chamartín. Para ello, y de acuerdo con el Ayuntamiento, busca un terreno entre las parcelas que aún están disponibles. Fuentes de la Comunidad han confirmado que se está trabajando en este proyecto. Así, quedan descartados otros emplazamientos que el Gobierno había barajado, como Campamento, el Ensanche de Vallecas y Valdebebas. El proyecto costará 150 millones de euros.

La Operación Chamartín modificará el eje norte de la ciudad. La nueva Castellana contará así con 12 rascacielos que alojarán oficinas y hoteles, y ahora, además, con lo que el presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, ha bautizado como campus de la Justicia. El Gobierno regional abordará este proyecto, encaminado a unificar todas las sedes judiciales madrileñas actualmente dispersas, después de que el Ejecutivo central le ceda las transferencias en esta materia dentro de unos meses. En ese complejo estará enclavada también la Audiencia Nacional, pese a ser un órgano jurisdiccional estatal, que abandonará su actual sede de la calle de Génova, según fuentes del Consejo General del Poder Judicial.

El pasado enero, Ruiz-Gallardón anunció su intención de levantar un campus de la Justicia y, tras descartar emplazarlo en un solar de la plaza de Castilla, se limitó a indicar que sería levantado en una zona bien comunicada. No facilitó más datos, y eso disparó las especulaciones. Fuentes del Ministerio de Justicia apuntaron entonces hacia el barrio de Campamento, actualmente ocupada por viejos cuarteles del Ministerio de Defensa. Pero fuentes del Gobierno regional descartan que el macrocomplejo judicial vaya a ser edificado en estos terrenos.

Secretismo

Pese al secretismo que el presidente de la Comunidad ha impuesto sobre el proyecto -alegando, entre otras cosas, que pretende evitar así posibles operaciones especulativas-, fuentes municipales dan ahora por seguro que el campus de la Justicia estará en la ampliación de la Castellana, dentro de la Operación Chamartín. La Comunidad y el Ayuntamiento formalizarán este proyecto el próximo otoño.

Según ha anunciado en la Asamblea el director general de Justicia, José Luis López del Moral, los primeros trabajadores del Ministerio de Justicia pasarán a depender de la Comunidad de Madrid antes del próximo verano. Las transferencias -que afectan a más de 6.000 empleados- se realizarán en dos fases. En la primera serán traspasados los medios materiales, la gestión económica y el personal laboral. En una segunda fase, que se hará efectiva a comienzos de 2003, el Gobierno regional se hará cargo del personal funcionario.

En total, la medida afectará a 6.493 puestos de trabajo, que son los empleados que pasarán a depender de la Administración autonómica. Son 568 jueces y magistrados, 174 fiscales, 339 secretarios, 1.755 oficiales, 2.412 auxiliares, 825 agentes, 70 forenses y 350 miembros de personal laboral. No serán objeto de transferencia, en cambio, los órganos centrales de la Administración de Justicia (Tribunal Supremo, Fiscalía General del Estado y Audiencia Nacional). Ni tampoco sus jueces, magistrados, fiscales y secretarios judiciales.

La Comunidad de Madrid recibirá también un importante volumen inmobiliario correspondiente a un total de 330 juzgados y 41 órganos judiciales colegiados, como son la Audiencia Provincial de Madrid y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La mayoría de estos inmuebles están en la capital.

Paz González, consejera de Justicia, tiene ya en su poder un informe sobre la situación de las sedes judiciales de la capital y de toda la región con vistas a preparar el proceso de transferencias desde el Gobierno central al autónomo. El Tribunal Superior de Justicia, la Audiencia Provincial, los juzgados de instrucción, la fiscalía y el resto de órganos judiciales de Madrid están actualmente en 15 edificios repartidos por toda la capital (en las calles del General Castaños, General Martínez Campos, Ferraz, Santiago de Compostela, plaza de Castilla, Capitán Haya, María de Molina, Orense, Hernani, Pradillo, Gran Vía, Fernández de la Hoz, Bambú y Ciudad Universitaria). Ocho de estos órganos se hallan en inmuebles alquilados por el ministerio.

Hay sedes judiciales en la capital que precisan de una actuación prioritaria, bien porque se hallan en espacios insuficientes o bien por sus deficientes características estructurales, según fuentes de la Comunidad. Tal es el caso de la Sala de lo Social del Tribunal Superior (en la calle del General Martínez Campos, 27), de los ocho juzgados de lo social y los seis de primera instancia instalados en el número 22 de la calle de Orense, y de la Fiscalía de Menores, tanto en sus despachos de la calle del Bambú (Chamartín) como en los de la calle del General Martínez Campos.

En la capital hay otras sedes a las que debe dotarse de mejor equipamiento, como los juzgados de instrucción de la plaza de Castilla, los 46 juzgados de primera instancia de la calle del Capitán Haya, los 13 juzgados de primera instancia de la calle de María de Molina, los 27 juzgados de lo contencioso-administrativo de la Gran Vía, etcétera.

Sistema informático

Paz González pretende que el campus de la Justicia, además de agrupar todos los servicios en una misma zona, los convierta en espacios más funcionales. Para eso, entre otras cosas, la consejera quiere recabar la opinión de los profesionales que van a desarrollar allí su trabajo.

La titular de Justicia ha encargado asimismo la creación de un nuevo sistema informático que se adapte a las necesidades de los juzgados. Fuentes de la consejería han informado de que los técnicos ya están trabajando en su diseño. Tanto la creación de un espacio único que reúna a todas las sedes judiciales de Madrid como el nuevo sistema informático son, según González, dos piezas clave para intentar acelerar los juicios rápidos.