El PSOE acusa al PP de 'blindar' la Sala Penal que juzga a los aforados
Los socialistas tachan de 'político' el desplazamiento de Auger a la Sala Civil
El PSOE interpretó ayer en clave estrictamente política la decisión del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Francisco José Hernando Santiago, de sumar su voto en una cuarta votación para adscribir al penalista Clemente Auger a una sala del Tribunal Supremo distinta de la penal. A juicio de los socialistas, la decisión pretende 'blindar' la Sala Segunda del Supremo e impedir la incorporación de magistrados que no sean dóciles, dado que en ella se dirimen las posibles imputaciones de miembros del Gobierno, que son aforados.
Según el PSOE, el presidente del CGPJ se vio 'obligado a mojarse y a dirimir en una cuarta votación' el destino de Auger, a pesar de estar 'contaminado' por haber presidido la Sala de Gobierno del Supremo que tomó el acuerdo impugnado por Auger.
Juan Fernando López Aguilar, diputado y miembro de la dirección socialista, y Javier Barrero, portavoz de Justicia del PSOE en el Congreso, expusieron su convicción de que el destino forzoso de Auger es una muestra más de la ocupación de los órganos jurisdiccionales para evitar que puedan causar la más mínima preocupación al Ejecutivo.
Ambos diputados socialistas recordaron que hay dos investigaciones penales en curso contra el ministro Jaume Matas, por posible fraude electoral en Baleares: una, contra el ministro Josep Piqué, por el caso Ercros; y otra, las 'investigaciones no concluidas de Gescartera, que pueden derivar en responsabilidades penales para los ministros Rodrigo Rato y Cristóbal Montoro'. Y añadieron: 'No tienen bastante con Jesús Cardenal como abogado defensor del Gobierno y quieren asegurarse también el control de la Sala Penal del Supremo para blindar al Gobierno'.
[Clemente Auger, aunque calificó ayer de 'profundamente errónea' la decisión del CGPJ, ya anunció, en el recurso que fue desestimado el miércoles, que no acudirá a la vía jurisdiccional contra la resolución del Consejo por entender que es el órgano de gobierno de los jueces 'el principal obligado y el primer interesado en salir al paso y corregir cualquier (...) menoscabo del estatuto del juez', como la 'grave acometida' contra dicho estatuto infligida por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo.]
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