El nuevo coordinador de IU pide que todos los diputados renuncien a la pensión máxima

Fausto Fernández, alcalde de Rivas y elegido el pasado lunes nuevo coordinador regional de IU, hizo ayer un llamamiento a todos los grupos políticos de la Asamblea para que, unidos, rectifiquen el acuerdo adoptado por unanimidad el pasado 18 de julio. Dicho acuerdo garantiza la pensión máxima de jubilación a todos los ex diputados regionales que hayan ejercido durante dos legislaturas, no necesariamente completas. Es la primera vez que un responsable de una formación política madrileña pide públicamente que los políticos renuncien a tal privilegio.

Fausto Fernández afirmó, en declaraciones a la cadena SER, que los políticos tienen los mismos derechos que los demás ciudadanos, 'pero ninguno más'. Y añadió que, si el acuerdo es tal y como ha trascendido a la opinión publica, él es partidario de que todos los grupos de la Asamblea de Madrid -PP, PSOE e IU- adopten una iniciativa para modificarlo. 'Deberemos hacerlo', matizó, 'todos los grupos al unísono, sin que ninguno se adelante, porque cuando se ha cometido un desliz hay que rectificarlo'.

El acuerdo aprobado el pasado julio establece que la Cámara madrileña dispondrá de un fondo para complementar, hasta la cantidad máxima permitida por ley -unos 1.950 euros-, la pensión de los ex diputados que hayan ejercido durante dos legislaturas (ocho años), y no necesariamente completas. Para poder cobrar esa pensión máxima, cualquier ciudadano que no sea parlamentario debe haber cotizado un mínimo de 35 años, y los últimos 15, haberlo hecho por la base máxima de cotización.

El secretario regional de IU es el primer responsable político madrileño que pide expresamente rectificar el acuerdo sobre pensiones de la Asamblea, pero no es el único dirigente que lo ha puesto en cuestión. Trinidad Jiménez, miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE y probable candidata a la alcaldía de Madrid para 2003, también ha mostrado sus reticencias. Gaspar Llamazares, coordinador general de IU, ha expresado abiertamente su rechazo a la posibilidad de establecer una jubilación máxima para los parlamentarios. Y dos diputados regionales del PSOE, Elena Vázquez y Antonio Carmona, han pedido a su grupo, sin éxito, un debate ante los ciudadanos sobre el polémico acuerdo. En cualquier caso, la inmensa mayoría de los diputados ha sellado un pacto de silencio sobre este asunto.

Universidad

Pero el pleno de la Asamblea estuvo ayer marcado por otros asuntos. El consejero de Educación, Carlos Mayor Oreja, culpó a la propia Universidad Rey Juan Carlos de seguir bajo la tutela de su consejería. Respondía así a las acusaciones que PSOE e IU vertieron contra él por supuesta 'injerencia del Ejecutivo' en el funcionamiento del centro. Mayor desveló que había enviado dos cartas a la universidad, en octubre de 2001, pidiendo que ésta le entregara los estatutos antes del 30 de noviembre -paso previo para que la Rey Juan Carlos adquiera plena autonomía-, y que esos estatutos aún no han llegado a su consejería. Ahora, tras la aprobación de la Ley de Ordenación Universitaria (LOU), debe elegirse un nuevo claustro encargado de redactar los estatutos universitarios. Las elecciones serán en abril.

Por otra parte, el presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció que la red de centros de la Comunidad para la integración de la población marginada y chabolista cuenta con dos nuevos centros, inaugurados en Carabanchel y Villaverde-Usera, con lo que ya son seis las instalaciones de este tipo. Dichos centros, que han costado más de dos millones de euros, tienen como objetivo la integración de familias realojadas, de origen chabolista o de infraviviendas.

El consejero de Trabajo, Luis Peral, afirmó que las ONG a las que se adjudiquen proyectos regionales gozarán de créditos especiales para ponerlos en marcha.