Religiones

Como era previsible, la comunidad islámica española ha terminado por plantear la reivindicación de que el Estado acarree con los gastos de la enseñanza coránica en la escuela pública, del mismo modo que lo hace con la religión católica. Y así parece que acabará siendo, a juzgar por las declaraciones de intenciones efectuadas por la ministra del ramo ('siempre que haya más de diez alumnos'), sin que el asunto haya sido sometido previamente a un lógico y profundo debate político y social. El reconocimiento constitucional de la religión católica en España, a diferencia de lo que ocurre en Francia o Alemania, países laicos con una gran recepción de inmigrantes musulmanes, convierte al Estado español en un paraíso para la subvención de la religión islámica, lo que subraya ahora el error de haber transigido con esta prebenda para la Iglesia. Más allá del dudoso origen e intenciones de quienes hayan de impartir la disciplina, sospechas que podrían estar totalmente acreditadas en varios episodios de la historia contemporánea, nadie ha explicado todavía qué control va a ejercer el Estado, desde la Constitución, sobre la idoneidad del profesorado y la materia para evitar que se continúe sojuzgando a la mujer con dinero público. Por no hablar de la falta de previsión sobre el ritmo de crecimiento de la población musulmana, derivado de la intensa presión migratoria, que apunta hacia un nuevo gasto en materia educativa, en permanente incremento, que se va a convertir en prioritario frente a las grandes necesidades de una cada vez más debilitada enseñanza pública, con grandes problemas de falta de recursos, planificación y escasez de profesorado de apoyo. Porque no se trata de instituir como asignatura una historia de las religiones, que redundaría sobre todo el alumnado y que podría ser impartida por muchos de los profesores que se encuentran en situación precaria, sino de estricta formación religiosa a cargo de quien designe el imán de turno. El problema, aunque lo progre sería levantar los hombros, no puede ser despachado con el pretexto del multiculturalismo por los efectos de parcelación que tiene sobre la enseñanza, que es el único espacio verdaderamente común a los niños.