Cuestión de confianza

A raíz de la crisis del gigante eléctrico Enron, los inversores han descubierto con aprensión que las cuentas de las grandes empresas resultan significativamente opacas por prácticas contables indescifrables o insuficientemente contrastadas y que los directivos de algunas grandes compañías, estadounidenses y europeas, han utilizado información sensible de sus empresas para enriquecerse en Bolsa. Las deficiencias en la contabilidad de Enron, IBM o General Electric ponen en cuestión la fiabilidad de las cuentas que algunas empresas presentan a sus accionistas o inversores; las inversiones oportunistas del ex presidente de Enron, vendiendo acciones de la empresa cuando supuestamente ya conocía la gravedad de sus balances, o las pensiones que se conceden los ex presidentes de la multinacional europea ABB, dicen mucho y mal del poder sin control que tienen algunos directivos.

La información errónea impide el funcionamiento correcto del mercado. Las autoridades económicas americanas y europeas, incluyendo las españolas, deben imponer normas contables que exijan mayor precisión en las cuentas, para corregir problemas tales como los pasivos fuera de balance -operaciones no formalizadas, pero que tienen un coste económico- o la provisión de los fallidos. Este último caso es relevante para las grandes empresas españolas con intereses en Argentina. Los bancos han informado de las dotaciones extraordinarias para cubrir la morosidad, y es una decisión que infunde confianza en clientes y accionistas. Pero está por ver si las empresas contabilizan de forma correcta en sus balances otras partidas (como el riesgo de impagos) o se limitan a resolver sobre el papel, con creatividad contable, los problemas que se derivan de inversiones arriesgadas en países inestables.

En el caso de la información privilegiada, su consideración como delito no ha funcionado con éxito en casi ningún país, aunque hay diferencias en transparencia y voluntad de aplicarlo que no dejan en buen lugar a los reguladores españoles. En EE UU se ha abierto un debate público muy intenso, apoyado en varias comisiones y subcomisiones legislativas, con el objeto de blindar la legislación contra el insider trading; en España se ha elaborado una ley financiera en la que abundan las declaraciones de buena voluntad, pero con el estilo de dirigismo semiilustrado que caracteriza a esta Administración. Ni debate público ni consulta abierta a los agentes financieros, ni preguntas a los inversores. Lo cual hace dudar de su eficacia.