La fiscalía mantiene los cargos contra Cuevillas y confía en que irá a juicio

El decano del Colegio de Abogados de Barcelona, Jaume Alonso-Cuevillas, declaró ayer durante casi dos horas ante el Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona, que investiga la querella que la fiscalía presentó contra él por apropiación indebida y deslealtad profesional. El ministerio público considera, después de esa comparecencia, que mantendrá 'con más firmeza' la acusación contra el decano y que el caso acabará en juicio.

Alonso-Cuevillas había sido citado a declarar por la mañana, pero solicitó hacerlo por la tarde por problemas de agenda, y el juez Juan Emilio Vila se lo concedió. Acompañado únicamente por un miembro de la junta de gobierno del colegio -Joaquim de Miquel- y por su abogado -Joan Córdoba-, Alonso-Cuevillas entró y salió sonriente de los juzgados ante la presencia de una decena de cámaras. Sin embargo, declinó realizar cualquier comentario sobre su actuación profesional en el caso que investiga el juez por retener durante seis meses la indemnización de casi cinco millones de pesetas que había cobrado por un asunto en el que defendía los intereses de un cliente, el también abogado Juan Armenteros.

Fuentes judiciales explicaron ayer que durante su declaración ante el juez el decano llegó a admitir que había retenido ese dinero, aunque precisó que fue por discrepancias con su cliente sobre la minuta que había de cobrar Alonso-Cuevillas y que al final fue de 350.000 pesetas. El decano cobró la indemnización el 20 de abril de 2001 y no la liquidó a su cliente hasta el 30 de octubre del mimso año, cuando se supo que la fiscalía le estaba investigando por supuestas irregularidades cometidas en el ejercicio de su cargo de decano o bien como abogado.

'Beneficio ilícito'

La tesis del fiscal, relatada en la querella, es que Alonso-Cuevillas no sólo retuvo el dinero, sino que 'con el ánimo de obtener un beneficio ilícito' gastó la indemnización 'en su integridad'. La fiscalía considera que la prueba de cargo que avala la acusación es el movimiento de la cuenta del despacho Alonso-Cuevillas Advocats, SL, que está en manos del juez. También lo están el mandamiento de devolución de la indemnización a nombre del cliente que hizo el juzgado, aunque la cobró el procurador Carlos Pons de Gironella por amistad con los empleados de una oficina bancaria. La fiscalía también ha aportado otro tipo de documentación para demostrar que el dinero fue a parar primero a la cuenta del procurador siguiendo instrucciones del propio Alonso-Cuevillas.

Así las cosas, la instrucción del caso puede concluir en breve. Ahora sólo falta que el juez decida finalmente si archiva el caso u opta por pedir a la fiscalía que solicite la apertura de juicio. La defensa podría solicitar nuevas pruebas, pero el fiscal descartó ayer esta posibilidad al entender que con lo que hay, basta para pedir que Alonso-Cuevillas se siente en el banquillo.

Armenteros y Pons de Gironella también declararon ayer como testigos. Fuentes judiciales explicaron que el primero se ratificó en que el decano desoyó sus peticiones para que le pagara y que el segundo actuó siguiendo órdenes del decano.